Los consejeros del Instituto Federal Electoral hicieron un llamado a los candidatos y gobernantes de todos los niveles, así como actores políticos, a comprometerse con la civilidad para que en lo que resta de las campañas se eviten acciones que pudieran violentar el proceso electoral, como ya ha comenzado a verse en algunos sitios del país.
Quienes están en la primera línea de las campañas políticas de los distintos candidatos, son los primeros interpelados para que llamen a sus simpatizantes a bajar el tono de las protestas, francas provocaciones y lamentables agresiones que se han registrado, pues aquí lo más importante es el refrendo legal e inobjetable del 1 de julio, fecha en que todos habremos de expresar nuestra voluntad dentro del marco de la ley, sin ninguna violencia ni coacción.
De nada sirve lanzar gritos, manazos o balazos en contra de quienes podrían considerarse adversarios políticos, pues finalmente la voluntad mayoritaria deberá respetarse, guste o no a las minorías que hayan votado en sentido diverso. Al parecer, se cree que al increpar con estridencia a algún candidato se le debilitará, pero aparentemente ocurre lo contrario porque tales acciones concitan rechazo en la mayoría de la población que si de algo está harta es de la violencia de los grupos del crimen organizado, por lo que sería inaceptable que ahora vinieran los políticos y sus prosélitos a sumarse a esas expresiones.
El llamado es para los simpatizantes comunes y corrientes, pero también al más alto nivel. El Instituto Federal Electoral ha señalado que todos los funcionarios, desde el presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales, deben comprometerse con la imparcialidad electoral prevista en el Artículo 41 de la Constitución.
No hay justificación para que no sea así, porque todo delincuente electoral recibirá lo que deba recibir, pues para ello están las instituciones fiscales así como los tribunales electorales. Como en lo civil, penal, laboral, etcétera, aquí no hay justificación para que alguien tome la justicia por su mano, ni para pretender desbordar de su cauce un proceso que está perfectamente normado.
Nada extraordinario se les pide a los ciudadanos, a los candidatos y a los gobiernos: honramos el proceso; cumplimos todos nuestra obligación de votar; confiamos en el árbitro electoral, lo respetamos y no lo injuriamos; y por último, acatamos las resoluciones de los tribunales, si es que debiera haberlas.
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