La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se comprometió a realizar una verificación de las posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de la población de comunidades de la Costa de Chiapas, derivado de la operación de minas a cielo abierto.
En una minuta de acuerdos firmada por autoridades federales, estatales, municipales y representantes de comunidades, luego que la semana pasada realizaron una serie de protestas y el cierre de la Carretera Costera por más de 30 horas, se estableció que a más tardar el 7 de diciembre la Profepa iniciará a realizar los dictámenes relacionados con la operación de una de las minas ubicada en el ejido Nueva Francia en el municipio de Escuintla.
Los representantes de las comunidades Independencia y Cintalapa, entre otras, se comprometieron por su parte a no bloquear las carreteras y edificios gubernamentales, así como a privilegiar el diálogo y coadyuvar en la gobernabilidad y la paz social.
Los acuerdos fueron firmados por los representantes de la Profepa, José Espinosa Chirino, y Daisy Hernández Bautista; de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Clara Castellanos Gómez; del Ayuntamiento de Escuintla, el alcalde Mauro Cruz Javalois y del Gobierno del estado, el subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, Juan Francisco Plaza Quevedo.
De acuerdo con el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Salvador Hernández Gutiérrez, los daños que están ocasionando las minas tanto a los recursos naturales de la zona como a los habitantes de la población, “son graves”.
Y es que señalan que se está generando una grave contaminación a los ríos de los que se surten los poblados.