El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión acosada por las amenazas, atentados y homicidios contra el periodismo, sus familias y las editoriales. El saldo negativo en este sexenio asciende a 40 periodistas asesinados. La razón es simple, la libertad incomoda.
Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, entre otras. Vamos a contraflujo de la realidad. El índice de impunidad es tan elevado como el resto de los crímenes.
El permanente modificó los artículos 6 y 7 de la Constitución en 2013, para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de expresión, la de ser informado y la difusión de las ideas y opiniones acordes a esta libertad.
Es un derecho humano reconocido en la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que en su artículo 19 protege la libertad de opinión, de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.
Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la “Declaración Americana sobre Derechos Humanos”.
Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en el mes de diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para considerar como ilícito el hecho de que alguien “comunique, a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.
Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya que la difusión de la verdad provoca sanciones al informador.
Si bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no es tema menor en un país en que el derecho de los periodistas a ejercer su labor se ve continuamente coartado.
Un reporte de la organización Reporteros sin Fronteras, ubica a México a la par de Siria en el número de periodistas asesinados en 2017. La presión que ejercen cárteles de la droga y políticos provoca una peligrosa animadversión.
Los precandidatos han expresado reacciones adversas contra los periodistas. Ello contribuye a fomentar un clima de intolerancia contra la libertad de expresión.
Los periodistas que realizaron las investigaciones de Watergate que provocaron la renuncia de Richard Nixon, presidente de EU, hubieran sido encarcelados o demandados por aventurarse a informar que el presidente se encontraba inmerso en una trama de espionaje y corrupción, si ese caso hubiese ocurrido en México.
El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo anterior en nuestra realidad, pues descubrió la colusión entre una organización delictiva y políticos del PAN y del PRI, lo cual le valió la muerte.
Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código Penal los delitos contra el honor, la calumnia, la difamación y las injurias, sin embargo, nueve entidades federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora y Yucatán, aún los conservan en su legislación penal. No se debe gobernar con el Código Penal sino con la Constitución. La doctrina en materia de derechos humanos considera las libertades de información y de expresión como piedras angulares de una sociedad democrática y como una condición esencial para una adecuada información.
Las cuestiones públicas y políticas son del interés de todos los ciudadanos, a quienes la Constitución nos reconoce por igual el derecho a cuestionar y emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello abona a la evaluación y correcto funcionamiento de una sociedad democrática. No se alientan estos derechos a base de amenazas y balazos. Requerimos construir un país democrático, con libertades y eso sólo se logra con la verdad, no con simulaciones.