El Estado mexicano debe garantizar acceso a justicia jurídica y social para todos los ciudadanos y particularmente en escenarios de desplazamientos humanos ofrecer atenciones primarias como salud, alimentación y abrigo, señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi
Chiapas por su situación geográfica plantea distintos escenarios de riesgo, destacando la complejidad inherente al fenómeno de la migración, además del desarrollo social y la atención específica a la amplia población indígena, agregó.
La representante de Amnistía Internacional señaló que los diversos conflictos indígenas en Chiapas, como el de Chalchihuitán y Chenalhó, representan un reto para la administración gubernamental pues se requiere coadyuvar con las autoridades federales para garantizar una salida pacífica al conflicto de límites, al tiempo de garantizar el retorno seguro de los desplazados.
Pero además, permanentemente deben ofrecer atención a los grupos indígenas inmiscuidos en el conflicto, dotándolos de acceso a alimentos, abrigo, atención médica, social y psicológica, pero particularmente de seguridad pública.
Dijo que las autoridades de Chiapas presentaron un plan de atención a Amnistía Internacional mediante el cual garantizaron la atención y la búsqueda de canales del diálogo para solucionar los conflictos en la zona, por lo que el organismo no gubernamental permanecerá como observador y garante del cumplimiento de dichos acuerdos, puntualizó.