En un avance regional, institucional e histórico sin precedentes, los representantes de los países de América de Norte lograron de manera reciente un acuerdo para establecer una serie de principios y estándares en contra de la corrupción y de la impunidad, como parte de la agenda comercial que regirá los destinos del TLCAN.
Como fruto de las negociaciones, Canadá, Estados Unidos y México, coincidieron en que el comercio es justo y equitativo únicamente cuando el mismo tiene lugar en un contexto multilateral absolutamente igualitario, libre de incentivos perversos que distorsionan la libre competencia, el talento empresarial y la eficacia del mercado.
Para ese propósito, se convino en la necesidad de sancionar y penalizar las grandes áreas en que la corrupción afecta a las transacciones comerciales: las prácticas indeseables que realizan las corporaciones y empresas privadas; y, las conductas indebidas que llevan a cabo los gobiernos y autoridades del bloque económico.
El denominado “capítulo anticorrupción” tendrá estas características: a) Aplicará a todas las materias comerciales que abarca la relación multilateral; b) Impulsará la integridad comercial en la región, tanto de agentes públicos como privados; y, c) Regulará los “delitos de la corrupción”, por ejemplo, el soborno, cohecho y peculado.
Si bien es cierto que Canadá y Estados Unidos son quienes buscan asegurar su competitividad en la región, con indudables beneficios en materia de inversión y de comercio, también es verdad que México se beneficiará en el largo plazo, al tener que desarrollar y mejorar su regulación administrativa, fiscal, laboral y ambiental.
Según el Rule of Law Index 2017–2018, de World Justice Proyect (WJP), nuestro país se ubica en el lugar 92 de entre 113, debido a la corrupción institucional, a la función policial y al sistema penitenciario, pese al avance en la percepción de la eficacia judicial de la mano del nuevo sistema penal.
Con base en la opinión ciudadana encuestada, México retrocedió 4 lugares respecto a 2016, con un índice de 0.45 en una escala que va del 0.01 al 1.00. Por debajo de Rusia, El Salvador, Irán, China o Vietnam, nuestro país quedó una posición arriba de Uzbekistán, en el lugar 91 con un índice de 0.46, y empató con Sierra Leona.
Por su parte, Canadá se ubicó en la posición 9 y Estados Unidos en la 19, último país que desde 1977 expidió la “Foreign Corrupt Practices Act”, que prohíbe desde entonces a sus compañías y subsidiarias, sobornar a funcionarios y servidores públicos en el extranjero, so pena de ser liquidadas —incluso— por orden judicial.
Lo anterior se reforzó con la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y la Sarbanes-Oxley Act de 2002, que busca evitar fraudes con registros contables al impedir pagos indebidos.
Por tanto, la modernización del TLCAN se sumará a las distintas vías que México ha incorporado, directa e indirectamente, y que lo compelerán a aplicar sus leyes anticorrupción de la periferia al centro, es decir, a partir de la suma de comportamientos de los agentes comerciales que operan bajo la buena fe negocial y el crédito mercantil.
Ello también conducirá a que se adopten normas de conducta para los funcionarios públicos en materia de conflicto de intereses, régimen disciplinario y, ante todo, en los procesos de licitación pública en los tres niveles de gobierno, los que deberán garantizar la libre concurrencia, la igualdad de trato y la transparencia pública.
Con ese conjunto de medidas, nuestro país deberá avanzar hacia una agenda que combata a la corrupción e impunidad mediante procesos regulares y confiables, cuyo resultado sea la mejora, tanto del clima de negocios como de la calificación crediticia, la que considera el factor riesgo-país con base en la solidez institucional.
En realidad, la corrupción es un cáncer odioso e injustificado, que no sólo dinamita las transacciones mercantiles justas, sino también a la democracia política y a la pluralidad ciudadana, al suscitar graves consecuencias en la creación y en la distribución de la riqueza, así como al afectar a la sociedad igualitaria, que se basa en el mérito, en el esfuerzo y en el talento.