En días pasados, el Tribunal Federal Electoral de México tomó una decisión de alta significación para la población indígena del país. Aunque para muchos la importancia puede ser relativa, no es así para quienes conocemos la historia de la discriminación que han vivido los pueblos indígenas, y las enormes dificultades que han tenido los indios para conquistar la representación política que merecen. Muchos siglos, infinitas vejaciones, genocidios. La historia de los pueblos indígenas de nuestro país es dramática, trágica, pero también heroica. Aunque nos hemos constituido como un país mestizo, el inmenso peso y la fuerza de las civilizaciones ancestrales, de los pueblos originarios, es fundamental en la conformación de nuestra cultura y, desde luego, de nuestros perfiles regionales.
La ausencia de derechos de los indígenas lleva más de cuatro siglos, y es una historia intrincada y de claroscuros, pues desde la época colonial la Corona reconoció un nivel de derechos a las comunidades indígenas, y luego la legislación mexicana en distintos periodos reconoció derechos a los pueblos y a los indígenas como individuos, lo cierto es que ha sido hasta las últimas décadas que la lucha de los indígenas y la actitud de algunos gobiernos han avanzado en su reconocimiento.
Sin duda, la legislación más trascendente en relación con los pueblos indígenas es la promulgada el 14 de agosto de 2001, que integra en el Artículo 2º de la Constitución General de la República diversas disposiciones a favor de los pueblos indígenas.
Con los derechos individuales de los indígenas la historia ha sido distinta. Hipotéticamente, eran sujetos de derechos como cualquier otro individuo, habida cuenta que la Constitución mexicana establece, acorde a la Carta Universal de Derechos Humanos, que “todos somos iguales ante la Ley, sin distingo de raza, sexo, preferencia religiosa o política”.
Sin embargo, es evidente que esa igualdad está condicionada en la realidad por ingreso económico, estrato social, género y raza, entre muchos otros factores de discriminación existentes. Es evidente que los indígenas no han tenido acceso al poder político y, durante centurias, el poder público del país ha estado en manos de mestizos o personas de origen diverso, pero muy pocas veces de origen indígena, incluso en los municipios y regiones en los que la población es mayoritariamente indígena.
Una gran conquista de los pueblos indios, en la que fueron pioneros los indígenas oaxaqueños, fue lograr que se respetaran los “usos y costumbres” en la elección de ayuntamientos, en las jurisdicciones municipales mayoritariamente indígenas. Aunque la modalidad de elecciones en municipios está regida por constituciones o leyes electorales locales y cada estado responde a su recorrido histórico, a sus tradiciones y a la fuerza que hayan tenido los grupos étnicos allí arraigados para fijar sus condiciones, lo cierto es que han sido las modalidades de “usos y costumbres” las que han permitido que los indígenas obtengan el poder político. En escasas ocasiones, han existido gobernantes originarios de alguna etnia en municipios mayoritariamente indígenas, pero con un método “occidental” de elección. Desde luego, esta ausencia se multiplica tratándose de otros niveles de gobierno.
El Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral determina que en 13 distritos electorales federales asentados en regiones indígenas, sólo se podrán registrar para la competencia electoral candidatos indígenas. Claro que hay otras muchas regiones indígenas, y esperamos que el sentido común de los partidos políticos, postule en otros lugares del país a hombres y mujeres de nuestros pueblos originarios. Pero el hecho de que en 13 distritos federales electorales estén obligados a realizar esa selección, garantizará que la voz de nuestros compatriotas indígenas, en parte de su magnífica diversidad, participen en la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión. Enhorabuena al Trife.