Por acuerdos de las comunidades en el municipio de Oxchuc, las elecciones (por usos y costumbres) se tienen que hacer a mano alzada y no habrá derecho a la reelección, puntualizó Gabriel Méndez López, de la Comisión Permanente de Paz y Justicia Indígena en la zona.
Precisó que este proceso es más barato que realizarlo a través de urnas, lo que significaría un ahorro millonario de recursos económicos, aunque esto implique la resistencia de los partidos políticos, que son los que viven del dinero del pueblo a través del voto.
En ese sentido aseguró que, pese a los problemas sociales que se han presentado en otros lugares de la entidad (por la falta de aplicación del Estado de Derecho), en el municipio hasta el momento no se ha registrado ningún enfrentamiento.
Sin embargo, en Oxchuc hay grupos que ahora están inconformes de los resultados de la Asamblea Plenaria, donde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), informó que casi el 60 por ciento de los ciudadanos votaron por los Sistemas Normativos Internos para elegir a sus autoridades.
Al Congreso local han llegado representantes de algunas comunidades que ahora piden la intervención de partidos políticos y que acusaron que las consultas fueron manipuladas; sobre esto, Méndez López consideró que el Congreso del Estado debe de reformar la Constitución, porque eso es garantizar los derechos de las comunidades originarias, para elegir a sus autoridades.
Hasta el momento, en el recinto legislativo no hay ningún avance; sin embargo, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), existe un exhorto al Congreso del Estado para que garantice y de respuesta a la población de Oxchuc.
Exhortó a las instancias gubernamentales porque, aunque el municipio está sin conflicto en este momento, el riesgo de violencia es latente por parte de grupos inconformes.
Expuso que las reformas que hagan los actuales legisladores no tienen que ser militantes, es decir, no sólo debe beneficiar a Oxchuc, la garantía tiene que aplicarse para todos los pueblos originarios.
Atender el tema, aclaró, no es complicado mientras que los diputados no se cierren a un mandato; más, cuando la misma Comisión Permanente de Paz y Justicia Indígena ya mandó una iniciativa de Ley referente al tema.
Una de las salidas, consideró, es que el gobierno aplique “mano dura” en contra de las personas que provoquen actos vandálicos; además, aseguró que hay 80 órdenes de aprehensión que aún no se ejecutan.