El presidente de la Federación de Abogados Chiapanecos, Antonio Flores Flores, puntualizó que en nuestro estado es necesario mejorar el Sistema de Justicia, por lo que se vuelve fundamental que con la actual administración se atiendan los principales vicios que no se corrigieron en el periodo del 2012 al 2018.
Luego de sostener una reunión de trabajo con Armando Pérez Narváez, Fiscal de Distrito Metropolitano, mencionó que urge que en el estado se aplique de manera transparente el nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir, que la aplicación de la Ley sea “pronta y expedita”.
Incluso, Flores Flores, quien está al frente de la Federación de Abogados Chiapanecos, añadió que también se debe cambiar la forma de aplicar la justicia restaurativa, para que los retrasos en los procesos no se repitan de nueva cuenta.
Sobre este mismo tema, el presidente de la fundación de Profesionistas Unidos para el Desarrollo Social y Jurídico en el estado, Merced Mario García López, dijo que para hablar de la aplicación real del nuevo Sistema de Justicia, los elementos de la policía se tienen que actualizar, no solamente en Tuxtla Gutiérrez, sino también en los diferentes ayuntamientos que componen la geografía chiapaneca.
Continuó: “con el nuevo sistema de justicia queremos que se le quite el chip a la policía de que tienen golpear a los detenidos por algún tipo de delito para amedrentarlos”.
Incluso, aclaró que ya se deben evitar los actos violentos que atenten contra los derechos humanos; además, las viejas prácticas para hacer carpetas de investigaciones para después liberar ordenes de aprehensión, tienen que desaparecer.
Los profesionales en la abogacía, destacaron las facilidades brindadas por parte de la Fiscalía Metropolitana, para escuchar las demandas que tienen los integrantes de la Federación de Abogados, acuerpados por 15 asociaciones, barras y colegios.
Finalmente, pidieron a quienes representan las instancias encargadas de impartir justicia, a que lo hagan de manera honesta y transparente, porque se trata de una demanda social que deben de cumplir los fiscales y los Ministerios Públicos.