La economía criminal, a través de la creación de oficinas falsas de gobierno, representa en la actualidad un riesgo para la población debido a la comisión de delitos como el fraude o la extorsión, puntualizó Carlos Méndez, auditor certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
En ese sentido, comentó que esta nueva forma de operación funciona, principalmente, con las licitaciones de obras públicas o proyectos de infraestructura relacionados a la reconstrucción de viviendas por lluvias y deslaves de tierras.
“Se trata de toda economía o flujo de recursos que su origen es de forma ilícita, a la sombra de la ilegalidad y busca financiarse de cualquier manera”, definió el especialista.
Uno de los ejemplos más claros (aunque en el país también ocurre) fue lo que se vivió en Perú, donde las personas rentaron un edificio de una Cámara de Comercio para aparentar legitimidad; desde ahí engañaban a la población y los contratistas en la obtención de licencias y cartas de crédito.
Méndez añadió que también este grupo de personas instala dependencias de gobierno pero de manera ilegal; aunque la corrupción es un tema añejo en el aparato gubernamental, explicó, la creación de oficinas falsas es una práctica novedosa y que busca implantar al soborno como una forma de hacer negocios.
Puntualizó que se trata de personas que buscan a una institución (y la usan) para cometer los delitos; no obstante, también está la otra parte de la sociedad (a través de las empresas) que están disponibles para dar dinero a cambio de una obra, la cual nunca se ejecuta porque es falso el contrato.
Finalmente, para combatir este problema que se puede presentar en Chiapas, dijo que es necesario el uso de herramientas tecnológicas como el blockchain, cuya función es la de contar con contratos inteligentes, se trabaja en la cultura de la prevención y se puede tener una contabilidad abierta en internet.