La instalación de un Concejo Municipal no se hace a través de consultas o plebiscitos, debe ser autorizado únicamente por el Congreso del Estado y bajo condiciones específicas, no por cualquier situación o diferencia, manifestó el consejero electoral del estado, Gilberto Bátiz García.
Esto respecto a los casos en que habitantes de algunos municipios han solicitado la instalación de Concejos Municipales, en desconocimiento a las autoridades electas el año pasado, por incumplir con la entrega de recursos y obras prometidas, siendo el caso más reciente el de San Juan Chamula.
Bátiz García dijo que si existe alguna anomalía que tenga que ser observada, los habitantes pueden interponer recursos y denuncias ante las instancias correspondientes, como la Auditoría Superior del Estado, para hacer prevalecer el orden democrático y el estado de derecho.
Consideró que estos conatos son parte del sistema de la democracia, y para ello existen recursos jurisdiccionales para hacer valer, así como mecanismos políticos de control, pero eso sobrepasa las facultades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Reiteró que es del Congreso local la atribución de aprobar o no un Concejo Municipal, apegado a la ley de mecanismos de participación ciudadana y la Constitución Política, que marcan procesos muy específicos.
El consejero señaló que la situación que prevalece en algunos municipios donde prácticamente han desconocido a los funcionarios electos, no pone en riesgo al sistema de partidos políticos; lo que se necesita es generar cultura democrática, porque en eso tiene que ver el reconocimiento de quién gana y quién pierde en una elección.
Dicha cultura se tiene que generar a través de procesos electorales, en los cuales las autoridades en la materia están obligadas por mandato constitucional a hacer prevalecer que la decisión ciudadana se tome libremente, y una vez tomada, se respete.
Así fue la elección en el proceso ordinario 2017-2018, donde la manifestación de los 122 municipios que sometieron a elección sus autoridades por el sistema de partidos políticos pudo decidir libremente, y en muchos de los casos las victorias fueron amplias.
Gilberto Bátiz dijo que la garantía de constitucionalidad es un mandato que tienen previsto todas las autoridades, incluso las municipales.
“Creo que son las autoridades municipales las primeras en hacer valer el estado de derecho dentro de su propia entidad y si hubiera algún descontento de la población, existen los cauces institucionales para hacerlos valer; yo no creo que sea el sistema de partido el que está en riesgo.”
Declaró que los procesos democráticos se van construyendo paulatinamente, las reformas electorales y legislativas dan cuenta de las construcción de estos y se necesitan las instancias con autoridades plenamente instaladas, constitucionales y reconocidas, para el diálogo, conciliación, concertación y atención.