Denuncian a planta de residuos peligrosos

Habitantes de las colonias San Fernando, 16 de septiembre, Viva Cárdenas, Álvaro Obregón, El Canelo, Ribera El Limón, Don Ventura y San Antonio del municipio de San Fernando denunciaron pública y legalmente a la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A de C.V” por mantener una planta de residuos tóxicos con irregularidades en su funcionamiento que posiblemente les afecte a su salud.

Manuel Balcazar, representante legal y vocero de las 560 personas inconformes, indicó que en febrero de 2018 se percataron de personas que depositaban bolsas de basura en contenedores, al investigar, las identificaron como trabajadores de una planta de residuos peligrosos que se ubica muy cercana a sus casas.

Las y los habitantes expresan que en ningún momento fueron notificados de la construcción y operación de la “Planta Integral de Tratamiento de Residuos Peligrosos JB que pone en riesgo su salud”.

Por tal motivo, “la petición es que apliquen el artículo 65 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en el que se señala que instalaciones de ese tipo no pueden estar en un rango de 5 kilómetros en comunidades mayores a mil habitantes”, afirmó Balcazar.

Los vecinos notaron humo con un olor insoportable procedente del horno de la planta. Según lo dicho por los mismos, dicho complejo es utilizado para la destrucción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciones (RPBI), manejo final de medicamentos caducados –sólidos y líquidos-, así como el tratamiento de aguas para equipos de rayos X y mastografías.

Al organizarse, los habitantes descubrieron que la planta se encuentra en el Área Natural Protegida “Villa Allende”, por lo que, iniciaron procedimientos jurídicos ante la Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas, la Secretaría de Áreas Naturales Protegidas (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Fue la última institución, que recibió y emitió resoluciones a las inconformidades, sin embargo, son estos últimos quienes mencionaron que pese a las pruebas otorgadas a las autoridades éstas no fueron tomadas en cuenta para realizar un dictamen cercano a la realidad del lugar.

Dentro del documento legal, en un primer punto señalaron la violación de la NOM-055-SEMARNAT-2003 que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de residuos tóxicos previamente establecidos de al menos 5 kilómetros de cualquier población mayor a mil habitantes. Hecho que la PROFEPA confirmó en uno de sus siete acuerdos:

“Cabe destacar que la “Planta Integral de Tratamiento de Residuos Peligroso JB” se fue a instalar a menos de 1.5 kilómetros (al este) de la localidad 16 de septiembre o que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 levantado por el INEGI, registra cuenta con una población total de 1020 habitantes. Al norte, la citada planta se ubica a menos de 1.4 kilómetros de la localidad Viva Cárdenas, que de acuerdo al Censo de Inegi 2010 registró una población total de 1431 habitantes”.

Pese a la comprobación de la violación a la norma anterior, la Profepa no quiso acreditarlas como víctimas a los colonos afectados, argumentándolo de la siguiente forma:

“Se denominaran víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Los habitantes de San Fernando han recalcado que el horno causa un gran olor putrefacto debido a los trabajos de incineración de los materiales peligrosos, pero no descartan que existan otros peligros para su salud, debido a la cercanía con la planta.

“Tenemos un estrés traumático porque cada que se percibe un aroma a quemado se piensa que son residuos que son quemados, eso es algo que ya altera nuestra tranquilidad. En una segunda afectación, los vecinos más cercanos inician con cuadros de asma, de hecho un niño de cuatro años ya ha tenido ataques. Además, el manejo de una fosa séptica habría una potencial afectación al suelo y subsuelo” informó Balcázar.

En septiembre del año pasado, la planta se clausuró temporalmente por parte del municipio; sin embargo, poco menos de 24 horas pasaron para que la empresa rompiera los sellos y continuara con sus operaciones hasta el día de hoy.