Ante la desaparición en el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019) del Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, que es el programa de subsidio para adquirir un hogar, derechohabientes del Infonavit o Fovissste serán un “caldo de cultivo inmediato” para la ocupación irregular de tierras urbanas al no poder complementar sus respectivos créditos para la compra de una vivienda; es decir, incrementarían las invasiones en las ciudades.
Al respecto, el presidente en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Jorge Burguete Torrestiana, sostuvo que a este panorama negativo se suman a otros efectos adversos para que el sector de clase baja pueda ser beneficiada con una casa con costo menor a los 500 mil pesos.
Este programa funcionaba desde hace tres sexenios mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en donde el gobierno federal designaba un presupuesto para complementar el crédito Infonavit o Fovissste, el cual era un subsidio de hasta 70 mil pesos y comprar su casa. La Conavi complementaba la diferencia con un subsidio al frente. Tan sólo el año pasado se ejerció seis mil 800 millones de pesos dentro de este programa.
Burguete Torrestiana expuso que la Canadevi año con año sostenía pláticas con el gobierno federal para acordar el presupuesto, pero para este año ya no existe tal recurso, por lo que se visualizan varios efectos negativos.
En primer lugar, dos tercios del mercado potencial de trabajadores que se favorecían con este complemento, ya no tienen este programa a su favor; por lo tanto, pierden la posibilidad de comprar una vivienda de las más baratas que hay en el mercado. Además, las empresas dentro de este sector se quedarán con inventarios que serán difícil de desplazar.
Otro efecto adverso es que muchas empresas podrían entrar en dificultades financieras, llegando hasta la quiebra. “Imagínate que un desarrollador tenga 100 viviendas construidas a través de un crédito bancario para poderlas edificar, pero se tienen que pagar intereses, situación que se complica al no poder venderlas”, expuso.
Expresó que desaparecer este mecanismo de “trancazo” no fue lo más prudente, y se debió buscar una nueva fórmula para la comercialización de este tipo de viviendas.
Dos tercios del mercado de derechohabientes, principalmente del Infonavit, son personas que ganan hasta 2.8 Unidades de Medida Actualizada (UMA) de salario mensual; es decir, alrededor de siete mil pesos, y solo puede acceder a un crédito de hasta 350 mil pesos, por lo que ante el recorte del subsidio, prácticamente no podrán solventar el gasto para comprar una casa de interés social, al no contar con el recurso restante en sus bolsillos.