El Comité de Desplazados de Chalchihuitán demandó a las autoridades de los tres niveles la reparación de los daños económicos y morales ocasionados a más de cinco mil personas que permanecieron desplazadas en 2017 y 2018, así como el desarme y desarticulación del grupo armado que opera en Chenalhó, con el que prevalece un conflicto por la disputa de límites territoriales.
Representantes del Comité de Desplazados llamado Chalchihuite, dijeron en conferencia ofrecida en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que “hasta ahora, ninguna autoridad se ha comprometido a repararnos los daños de casas, cosechas, animales y herramientas de trabajo perdidos”.
Demandaron que se fije una pensión vitalicia para Elicia Gómez García, esposa de Samuel Luna Girón, asesinado a balazos por hombres de Chenalhó en octubre de 2017, lo que originó el desplazamiento de más de cinco mil pobladores de nueve comunidades de Chalchihuitán, ubicadas en los límites en disputa.
“Actualmente continúan los disparos y el miedo porque los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó siguen activos, pues no han sido desarticulados. Muchas personas no pueden ir a trabajar por los disparos y el despojo de sus parcelas”, agregaron.
Manifestaron que muchas mujeres originarias de Chenalhó, casadas con hombres de Chalchihuitán, “sufren discriminación porque no las dejan entrar a visitar a sus familiares”.
De manera particular pidieron a las autoridades que atiendan el caso de los integrantes de diez familias expulsados el 8 de enero pasado de la comunidad de Cruz Kakana, Chalchihuitán, por las mismas autoridades de ese lugar, y que “regresaron de manera obligada y sin condiciones de seguridad a sus casas en la zona de riesgo”.
En la misa rueda de prensa, el Frayba, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste y Semilla del Sur, que acompañantes de las víctimas de desplazamiento forzado interno de Chalchihuitán, exigieron “la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por CNDH en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, (cinco mil 266 personas), de nueve comunidades de Chalchihuitán y una de Chenalhó”.
También urgieron al Estado mexicano a que “cumpla con la medida cautelar número 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 24 de febrero de 2018, ‘para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas’”.
Aseguraron que “las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue ‘insuficiente, inoportuna e inadecuada”.
Manifestaron que “la falta de condiciones para la sostenibilidad de la vida, la erosión de las capacidades de soberanía alimentaria, la pérdida de los espacios de reproducción y cuidado familiar, la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de la comunidad y de las redes de protección socialmente construidas, el surgimiento de conflictos internos, los daños en los sistemas de identidad cultural y el aumento de riesgo de muerte materna e infantil son algunos de los impactos directos del desplazamiento forzado que son ignorados por las distintas instancias responsables de atender la emergencia humanitaria”.
Afirmaron que “el riesgo a la vida, integridad y seguridad por ataques del grupo civil armado de corte paramilitar de Chenalhó continúa, los agresores mantienen el control de los territorios en conflicto y siguen disparando. De quienes han regresado a sus casas, la mayoría no pueden acceder a sus tierras de cultivo, ni han podido regresar a su vida cotidiana en tranquilidad”.