Desde el Congreso del Estado buscan el fortalecimiento de la impartición de justicia a las víctimas de ciberacoso menores de 18 años.
Al respecto, el diputado local, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, solicitó adicionar al artículo 238 del Código Penal que las autoridades competentes apliquen protocolos de actuación para la atención de la violencia que se genere en el entorno escolar familiar o comunitario, de acuerdo al caso.
Sociedad
Al argumentar al respecto, dijo que este es un tema que agobia y que inquieta, ya que es de mucho interés para la sociedad chiapaneca.
Sostuvo que las tecnologías digitales han interrumpido de manera exponencial la realidad social, económica, cultural y política en nuestra sociedad, modificando actividades y procesos de relaciones sociales y oportunidades de inclusión; pero también han puesto importantes ventajas para actos y conductas ilícitas como daños informáticos, ataques de servicio, estafas, pornografía infantil y ciberacoso, entre otras, convirtiéndose en un instrumento para cometer muchos delitos.
Dijo que las conductas violentas se registran a través de las tecnologías de la información y comunicación. Estos medios son utilizados para ofender, amenazar, insultar y ridiculizar a otras personas por medio de envío o publicación de fotos, videos, textos, llamadas telefónicas, correos, foros o salas de chat y mensajería instantánea, lo que se conoce hoy como el ciberbullying.
Ciberacoso
El ciberacoso, sostuvo, se puede definir como la intimidación por medio de tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, plataformas de juegos y los teléfonos móviles.
Sostuvo que la legislación del estado es clara, al disponer en el artículo 115 de la Ley de Educación que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la cultura de paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos y, por tanto, realizarán acciones que favorezcan el sentido de la comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, docentes, madres y padres de familia con el objetivo de prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.
Para cumplir con dicha disposición, llevarán a cabo diversas acciones, entre la establecida a la fracción 10 del artículo referido; esto es, proporcionar acciones para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abusos sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos.
De ahí, dijo, deriva su interés en presentar la reforma para que se fortalezca la impartición de justicia de las víctimas de ciberacoso menores de 18 años en Chiapas, por lo que solicitó y propuso al Congreso adicionar al artículo 238 del Código Penal del Estado “que las autoridades competentes apliquen los protocolos de actuación para la atención de la violencia que se genere en el entorno escolar familiar o comunitario, de acuerdo al caso concreto”.