Alrededor de 110 títulos de concesión para la industria minera existen en Chiapas, lo que significa un 14 por ciento del territorio para ser explotado ocasionando un daño a la tierra, territorio y la salud, indicaron organizaciones locales y nacionales.
La Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” y Otros Mundos A.C., indicaron que “la actividad de muerte”, como han denominado a la minería, explota, contamina y desgasta la tierra, además de acabar con la vida de animales, bosques y ríos.
Luis Rojas Nomura, miembro del Frente Popular, externó que desde hace 3 años han sumado acciones para exigir al gobierno municipal y federal se declare a municipios como Escuintla, Acacoyagua y Solosuchiapa libres de minería.
Tan sólo en Acacoyagua, se informó a las autoridades de la contaminación a los ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa, cuyos mantos acuíferos son los que utilizan los habitantes para su vida diaria, por lo que se han visto afectados en su salud física.
La Red y el Frente recordó el asesinato de Mariano Abarca Robledo hace 9 años en Chicomuselo, activista local que se opuso a la operatividad de la minera canadiense BlackFire. Además, en Acacoyagua, de los tres proyectos que se instalaron en la región, tan sólo uno explotó 49 mil toneladas de titanio, lo que causó enfermedades en la piel y ojos de las comunidades cercanas.
También, en Solosuchiapa, denunciaron la operación de 5 mineras donde se registra oro, plata, plomo, cobre y cinc, todas ellas miembro del conjunto “Lotes Santa Fe”.
Por tanto, pidieron al gobierno estatal y federal considere que la minería significa desarrollo económico y empleo, ya que el llamado “Fondo Minero”, que es un programa que propone repartir las ganancias a los municipios, no lo hace.
“No lo queremos, porque la vida no se vende, nuestra tierra y la salud de nuestros hijos e hijas no tiene precio. También es lamentable que junto a las empresas quieran engañarnos asegurándonos que existe la “minería sustentable”, la “minería segura” o la “minería responsable” indicaron.
Por tanto, organizaciones instaron al gobierno estatal y federal considerar las legislaciones presentes para otorgar concesiones, ya que han documentado el daño que se hace a la tierra, economía y la salud de las comunidades.