Tras la recuperación de 44 hectáreas en el predio Magaly del municipio de Berriozábal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Marcelo Toledo Cruz, dijo que muchos de los asentimientos irregulares que hay en Chiapas fueron provocados, también, por exfuncionarios del gobierno.
Lamentó que servidores públicos jugaran con las necesidades de las personas y que les hayan prometido terrenos a cambio de votos; la población dentro de sus limitaciones, tomó lo que no les pertenecía.
En su opinión, consideró que la pobreza no debe ser una bandera para invadir predios o realizar actividades ilícitas, porque los derechos de unos “terminan cuando empiezan los de otros”.
Sobre las acciones que ha hecho el gobierno del estado en este tema, opinó que ya urgía en Chiapas la aplicación de la ley y ahora se espera que estas acciones sean permanentes, que terminen en la restitución de todos los terrenos que fueron invadidos y que sea parejo.
Entrevistado al interior del recinto legislativo, consideró necesario el desalojo no sólo en aquellos asentamientos irregulares, sino también en los predios que están en medio de las reservas naturales.
“La verdad celebramos, nos da gusto que se esté aplicando la ley; creo que nadie debe estar al margen, ni nadie por encima, como ya se ha dicho”, comentó.
La semana pasada en Tuxtla Gutiérrez se vivieron momentos complicados debido a los actos vandálicos que generaron integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) y que significaron una pérdida económica de 50 millones de pesos.
El diputado local insistió que todas las personas -sean o no funcionarios- que tengan deudas con la ley, tienen que saldarlas. “Estamos ya en la cuarta transformación y habrá respaldo a las instituciones”.
Finalmente, confió en que se integren bien las carpetas de investigación de las personas que han sido detenidas en los desalojos, para que, más tarde, se eviten declaraciones con violación al debido proceso.