Cerca de 100 organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y colectivos hicieron un llamado al Estado mexicano a “implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tzotziles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó”, enfrentados por la disputa de 60 hectáreas.
En una carta dada a conocer después del asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón, sucedido el pasado fin de semana, expresaron su preocupación “por el incremento de la violencia en los Altos, lo que pone en riesgo la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios”.
Aseguraron que “la población vive con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región”.
Manifestaron que “desde febrero de 2018, la población de Aldama vive una situación de crisis humanitaria, pues las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de dos mil 36 personas”.
Expresaron que “entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano, y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, municipio de Chamula, el 28 de marzo de 2018”.
Afirmaron que “en este escenario enrarecido por la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón, el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en los Altos de Chiapas”.
Finalmente, dijeron que “las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”.