Cientos de desplazados (por distintos motivos) de comunidades de los municipios de Chalchihuitán, Aldama y Ocosingo exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la reparación integral de los daños, incluyendo la “reubicación territorial urgente” en el caso de cinco familias desterradas de la localidad de Nueva Palestina, en Ocosingo.
También demandaron investigar y castigar a los responsables de los “múltiples delitos que acompañan el desplazamiento forzado interno en la entidad”.
Representantes de los afectados exigieron también su “participación abierta, clara y transparente, como lo señalan las leyes nacionales e internacionales en la consulta con consentimiento previo, libre e informado para reformar la ley de desplazamiento forzado interno, y el diseño de su reglamento en Chiapas”.
“Somos víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), pertenecientes a los pueblos originarios mayas-tsotsiles de Chalchihuitán, Aldama y Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. En esta ocasión nos hemos unido para ser vistos, escuchados, y para exigir respeto a nuestros derechos”, afirmaron.
Añadieron que el 19 y 20 de febrero, el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno llevó a cabo una reunión en San Cristóbal de Las Casas, en la que estuvieron presentes representantes del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Protección Civil y organismos de Derechos Humanos, así como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Añadieron que el objetivo del encuentro fue “escuchar las perspectivas de las personas desplazadas internas, academia, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil, sobre los retos y las áreas de oportunidad para la atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas, con el fin de que sus insumos puedan incorporarse al fortalecimiento de los instrumentos existentes”.