En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, los jueces y magistrados federales del sexto distrito en Tuxtla Gutiérrez, adheridos a la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de distrito denunciaron que el Poder Judicial de la Federación está siendo sometido a riesgos y amenazas debido a diversas leyes e iniciativas de ley que podrían minar la autonomía institucional de un histórico funcionamiento de frenos y contrapesos entre los poderes de la República.
El coordinador de Jueces y Magistrados del Sexto Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Mazón Cal y Mayor, al dar lectura a un pronunciamiento, manifestó que el Poder Judicial Federal está siendo sometido a riesgos y amenazas, dividido a diversas leyes e iniciativas que podrían minar la autonomía de este poder.
El magistrado aseguró que la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos busca la injerencia en la vida interna del Poder Judicial.
Aseguró que la irreductibilidad de salario del Poder Judicial no es un privilegio, sino una garantía de independencia de la judicatura. “Este derecho está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México”, dijo.
“Contra esos riesgos y amenazas, estamos en pie de lucha en defensa del estado de derecho, y seremos los primeros en actuar para que se fortalezca el Poder Judicial de la Federación, pero en el marco de una propuesta transparente y amplia para revisar la institucionalidad, prácticas, recursos y medios que disponemos”, comentó.
“Lo que no podemos permitir es que se están metiendo propuestas que afectan la institucionalidad, el gobierno judicial y su operatividad sin considerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación en condiciones con los otros poderes de la unión”, dijo.
En la explanada de la sede del Poder Judicial, los magistrados y jueces apuntaron que “hoy como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación”.
Sentenció que en un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, “no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie; salvo su sumisión a la constitución y los tratados internacionales”.
La semana pasada, la Suprema Corte ordenó a los tribunales colegiados de todo el país aplazar las resoluciones de los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, hasta que el pleno de la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Señaló que en un intento por condicionar a los juzgadores federales, han sido presentados a la opinión pública ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficientes la administración de justicia y permitirán ahorros.
Sin embargo, apuntó que “en el fondo esconden su verdadera intensión que es debilitar el sistema de frenos y contrapeso de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho”.
“Defendemos la inamovilidad y la certeza en las adscripciones como requisitos reconocidos internacionalmente para hacer la independencia judicial junto con otras garantías con un salario acorde a la responsabilidad”, comentó.
La Asociación Nacional de Magistrados ha impulsado una amplia defensa con la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideran un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que busca la injerencia en la vida interna del Poder Judicial.
De acuerdo con su reporte más reciente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha recibido dos mil, 835 amparos, de los cuales 331 corresponden a jueces; 366 a magistrados; mil, 37 a secretarios; 215 a actuarios; 514 a oficiales y 125 externos.
Finalmente, señaló que mantener este tipo de campañas de desprestigio contra los Juzgadores asiéndolos pasar por oportunistas y que sólo buscan beneficio personal es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.