Sectores se oponen a paro del magisterio

Este 15 de mayo arrancan las movilizaciones por parte de los maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya concentración principal será en Tuxtla Gutiérrez, en oposición a la nueva Reforma Educativa que aprobaron los legisladores federales y que avalaron los senadores.

No obstante, estas protestas que se van a prolongar 72 horas, han generado una serie de reacciones por parte de distintos sectores sociales, empresariales y hasta legislativos, quienes coinciden en un principio básico: las manifestaciones son válidas, pero también el derecho al libre tránsito.

Para el Consejo Coordinador Empresarial, el cual encabeza Óscar Alejandro Figueroa Gutiérrez, los reclamos de los docentes son legítimos, pero estos derechos no están por encima de la libertad de tránsito que tienen los chiapanecos.

Incluso, puntualizó que estamos en una economía muy frágil y el sector turismo es el que absorbe todos los golpes y consecuencias que dejarán los plantones magisteriales.

Desde el 2013 la CNTE se opuso al proyecto que en ese momento implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto; según ellos, se trataba de una estrategia laboral -y no educativa- que buscaba afectar a los docentes.

Con la nueva aprobación que se hizo en el Senado y que ahora está a la espera de que sea avalada por 17 Congreso locales para la promulgación de la ley, quienes forman parte de la Coordinadora consideran que se trata de una copia de la estrategia implementada por la pasada administración y sólo le quitaron lo punitivo a la evaluación.

El impacto directo que podrían generar las acciones de los docentes se resentirá en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez; por esa razón, el presidente en la ciudad de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Rafael Sánchez Zebadúa, pidió tanto al gobierno como a los catedráticos a que se sienten a dialogar para dirimir las diferencias que tienen y que está afectando en el sector educativo.

Sin embargo, sí exhortó a los profesores a que, durante el desarrollo de sus protestas, no tapen las vías de comunicación debido a que esto generaría un impacto negativo en las actividades cotidianas de la ciudadanía.

Los empresarios afiliados a este organismo son los que han resultado más afectados de los plantones debido a la incertidumbre que le genera a los clientes acudir al centro de Tuxtla Gutiérrez para realizar sus actividades comerciales.

El último acontecimiento que dejó daños colaterales en el sector educativo, social y hasta económico fue el ocurrido en el 2016, cuando los maestros tardaron 211 días en un plantón de labores y se levantaron sólo por un acuerdo político.

Con base en la información del sector empresarial, las protestas de los maestros no están por encima de la ley y los reclamos que tengan deben atenderse en los canales que no afecten las actividades de la población.

La vocal de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, consideró preocupante las acciones de los maestros, porque cada día de paro son horas que se pierden en las aulas y que no hay recuperación de las actividades académicas.

Recordó que el paro que realizaron los docentes que inició el 15 de mayo y culminó después del 15 de septiembre, se perdieron meses enteros sin clases, las cuales no fueron recuperadas, sin importar el déficit generado en los alumnos de diferencias niveles educativos.

La legisladora llamó a recapacitar y consideró viable usar otras formas de protestas, porque dejar sin clases a los estudiantes implica un daño de toda una generación y que, con el paso de los años, se refleja en las aulas.

“Lo que no resulta válido aquí, es que el que tiene el resultado negativo al final de cuentas va a ser el alumno”, complementó.

La ventaja que han tenido los maestros es que, pese a que sus movilizaciones han tardado más de tres días, los descuentos que les aplican las autoridades después son negociados y el dinero se reintegra.

Finalmente, los representantes del sector empresarial y legislativo han coincidido en que no se permita (por parte de la autoridad) que se tapen calles o se realicen bloqueos.