Los consumidores necesitan información procesada y accesible que les permita identificar servicios y proveedores que puedan satisfacer sus necesidades de mejor manera, afirmó María Elena Estavillo Flores, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además, la requieren para aprovechar los mecanismos existentes y exigir el respeto de sus derechos como consumidores, usuarios o audiencias, refirió que la incorporación del acceso a la información como un derecho, dentro del orden normativo de los Estados, es indispensable para construir y mantener un régimen democrático.
Al participar en la presentación del libro “La relevancia de la información pública para la toma de decisiones económico-sociales”, señaló que ese fue reconocido el 19 de septiembre de 2006 como un derecho humano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el Auditorio “Alonso Lujambio” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expuso que el marco jurídico contiene diversas acciones para transparentar los actos del IFT y su relación con la sociedad.
Destacó que la información que posee el gobierno no sólo comprende datos, sino también los métodos y procedimientos utilizados para la toma de decisiones, es decir guías, resoluciones, estadísticas, criterios, y existe una variedad de instrumentos para divulgar la información, entre los cuales algunos son más eficaces que otros en relación con el objetivo buscado.
La divulgación de información puede traer diversos efectos, como la disminución o aumento de la asimetría informativa entre las empresas, el daño o fomento al desarrollo de los mercados, el empoderamiento de los consumidores y, con ello, un impulso a la competencia o bien la facilitación de la colusión entre competidores, planteó.
También, precisó, existe un grado mayor de complejidad si se considera que los agentes privados pueden tener distintas políticas de transparencia, de acuerdo con sus propios intereses.
La actividad reguladora del IFT, abundó, tiene un impacto directo en los usuarios y en las empresas relacionadas con el sector, tanto entidades públicas como privadas y público-privadas.