“Antes de iniciar las obras para el Tren Maya será necesario realizar un gran trabajo de prospección por la zona de trazo en toda la región, para ubicar la existencia de vestigios arqueológicos y evitar que sean afectados”, asegura la directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo, la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet.
Es una inquietud que comparten otros arqueólogos, investigadores sociales y científicos en torno del Tren Turístico Maya, propuesto por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Todos acotan que cuando se dé a conocer el proyecto detallado se podrán expresar opiniones puntuales acerca de la obra y su impacto.
“No conozco las peculiaridades del proyecto del tren. Espero que transcurra lejos de las zonas arqueológicas, pues nuestra primerísima obligación es cuidarlas y protegerlas, sobre todo de los turistas y visitantes depredadores. Forman parte del acervo más valioso de nuestro patrimonio cultural”, dice la maestra Mercedes de la Garza, historiadora, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en el estudio de la cultura maya.
Hace unas semanas, previo a su ingreso a El Colegio Nacional, la bióloga Julia Carabias alertó que el proyecto tiene que ser sometido a un análisis integral: “No solo se trata de verificar tramo por tramo, sino de estudiar qué impacto ambiental y cultural tendrá. Es una propuesta interesante, por supuesto, pero va a pasar por áreas naturales protegidas que no tendría que cruzar; Calakmul está justo a la mitad. Tenemos que ser muy cuidadosos; darle la vuelta a ciertos sitios, aunque sea más costoso. Un proyecto no puede atropellar a otros que están arraigados en nuestro país y que han sido producto de la lucha de la sociedad y de los pueblos”.
El director del INAH, Diego Prieto, dijo recientemente que el Instituto se mantendrá cerca del proyecto y que aunque existen “un montonal” de puntos en donde está registrado que hay alguna clase de vestigio en los cinco estados que se recorrerán, sólo en caso de que pueda haber indicios de la existencia de una estructura importante o de una ciudad, se planteará la necesidad de que haya una modificación a la ruta.
Tras recalcar que no conoce los detalles del proyecto, el arqueólogo Tomás Pérez Suárez, coordinador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que hay tres consideraciones a tomar en cuenta: culturales, ambientales y sociales. Agregó que no hay que olvidar además la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco a varias de estas zonas culturales y naturales, y que un mal manejo podría poner en riesgo esas declaratorias.
“Para hacer una obra, una vía de este alcance, tendrían que contactar con Salvamento Arqueológico del INAH: tiene que ver con la recuperación de información, ver los trazos y si hay un hallazgo importante, pues tendría que desviarse. Una cosa es hacer el trazo sobre un mapa y otra es recorrerlo, y si en ese trazo pasa por una zona arqueológica, por ejemplo entre Escárcega y Chetumal, hay una serie de sitios arqueológicos como Xpujil, Becán y Chicanná, que prácticamente están a la orilla de la carretera, entonces yo pensaría que si se hace ese trazo tendría que ir más o menos en paralelo con las carreteras que circulan por esta parte, pero para hacer la ampliación, digamos en Chicanná, tendría que hacer un trazo que librara estos sitios arqueológicos.
“Otro aspecto a considerar es el patrimonio natural; en el tramo de Chetumal a Cancún, y de Escárcega a Tulum, hay dos reservas naturales; la reserva de la biosfera de Calakmul que es el único Patrimonio Mixto que tenemos en México, tanto cultural como natural. Y, relativamente cerca, la biósfera de Sian Ka’an”, explicó.
Como tercer aspecto, el arqueólogo refirió que debe tomarse en cuenta a los propietarios: “No solo a los grandes y pequeños propietarios, sino a los ejidatarios y a los casos de tierras comunales porque son cinco estados, y hay diferencia de tenencia de la tierra”, advirtió Tomás Pérez.