Un juez federal ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado contra tres ex consejeros electorales de Chiapas, acusados de alterar la lista de electores durante los comicios de 2015.

Por deficiencias procesales, el juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas concedió el amparo a los ex consejeros Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca y Margarita Esther López Morales a quienes se les dictó auto de formal prisión en abril de 2017.

El amparo ordenó al juez de la causa emitir otra resolución en la que funde y motive adecuadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó la conducta ilícita que por omisión les imputa.

De acuerdo con la averiguación previa, diversas personas señalaron que al intentar votar en las elecciones para la integración del Congreso local en 2015, no pudieron hacerlo porque no aparecían en el Listado Nominal de Electores Chiapanecos en su sección, sino en uno diverso de Residentes en el Extranjero, sin que ninguno hubiera realizado previamente algún trámite para efectuar su voto fuera del país.

Los consejeros fueron señalados porque tenían obligación de verificar los datos de la lista nominal, y también la posibilidad de evitar la alteración del registro, razón por la que les fue dictado el auto de formal prisión.

De acuerdo con el amparo, el juez concluyó que está medida es inconstitucional porque de la suscripción del Anexo Técnico Número Dos al Convenio General de Coordinación en Materia Electoral del año 2015, en la que los integrantes del Comité Técnico Especial, encargados de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, y del que los quejosos formaban parte, no estaban facultados para intervenir en la vigilancia, depuración, verificación y conformación de la lista nominal de ciudadanos chiapanecos que podrían votar electrónicamente desde el extranjero.

Esta facultad era competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral, que no fue delegada mediante el mecanismo previsto en la Carta Magna.