Organizaciones de derechos civiles, encabezadas por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), interpusieron una demanda federal contra la Oficina de Inmigración y de Aduanas (ICE) por la “detención arbitraria” de solicitantes de asilo que permanecen detenidos sin causa.
La demanda, presentada el jueves en una Corte Federal de Washington D.C., acusa a cinco oficinas regionales del ICE en Detroit, El Paso, Los Ángeles, Newark y Filadelfia, de haber casi dejado de otorgar desde principios de 2017 la libertad bajo palabra a quienes se presentan en sus jurisdicciones reclamando asilo en Estados Unidos.
La demanda colectiva fue presentada a nombre de varios solicitantes, incluido un cubano que huyó del régimen de su país; un maestro de ética haitiano que huye de la persecución política; un hondureño que alega persecución por ser homosexual; y un venezolano golpeado por grupos armados que buscan “eliminar la oposición al gobierno”.
Otros demandantes incluyen a varios que han huido de la violencia de las pandillas en El Salvador y tres mexicanos que huyen de la violencia relacionada con el cartel en ese país.
La ACLU aseguró en un comunicado que todos los demandantes han aprobado evaluaciones de miedo creíbles, lo que significa que un funcionario de asilo de Estados Unidos ha determinado que su temor a la persecución es creíble y tienen una posibilidad significativa de recibir asilo completo.
La política del gobierno estipula que a los solicitantes de asilo se les conceda la libertad condicional humanitaria mientras esperan sus procedimientos de inmigración, siempre que cumplan con una serie de estrictos requisitos.
La ACLU aseguró que bajo la administración del presidente Donald Trump los solicitantes de asilo permanecen encarcelados categóricamente de manera indefinida, en violación de la Constitución, las leyes de inmigración y la propia política escrita del Departamento de Seguridad Nacional.
“La administración Trump quiere hacer la vida tan miserable para los solicitantes de asilo de forma que abandonan y regresan a sus países de origen, incluso a riesgo de tortura o muerte”, dijo Michael Tan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
“La administración está ejerciendo la detención indefinida como un arma para disuadir a los futuros solicitantes de asilo, que es a la vez cruel e inconstitucional”.
De acuerdo con la ACLU, en 2013, nueve de cada 10 solicitantes de asilo en las cinco oficinas implicadas en la demanda cumplieron con los criterios del gobierno y fueron liberados rápidamente de la custodia de inmigración.
En 2017, bajo la administración Trump, las concesiones de libertad condicional de las oficinas de ICE mencionadas en la demanda cayeron casi a cero. Se estima que a más de mil solicitantes de asilo se les ha negado la libertad condicional tan solo en esos cinco distritos de ICE.