Democracia participativa

Para cambiar el régimen autoritario no basta la vía electoral, hay que generar gobernanza democrática. Gobernar con la participación activa de la ciudadanía. 

Uno de las grandes crisis de las democracias modernas es el descrédito de los partidos. En el mundo se multiplican experiencias en que estas crisis han dado lugar a renovaciones democráticas pero también a retrocesos autoritarios.

En México el rechazo a lo político viene de más lejos. Tiene cimientos estructurales en el régimen autoritario del siglo XX, con raíces que llegan hasta la era prehispánica. 

La alternancia no transformó esa realidad. Al contrario, las prácticas del PRI permearon al conjunto de los partidos, que en lugar de desmontar las estructuras de abuso, corrupción y clientelismo, las adoptaron como propias. Los democratizadores no resultaron tan buenos demócratas al llegar al poder. 

La paradoja de esta etapa que abre una gran oportunidad, es que mientras ha crecido el rechazo a los políticos, junto al escepticismo y desconfianza sobre la política, se multiplica la presencia ciudadana en asuntos de interés público. 

Hay innumerables expresiones de vitalidad ciudadana. En todo el país hay miles de colectivos que trabajan por mejorar la movilidad urbana, por la seguridad ciudadana, por la defensa del territorio y de los recursos naturales, contra la corrupción y la impunidad, por el desarrollo sustentable, en la promoción y defensa de los derechos humanos, por la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, en miles de acciones públicas en innumerables causas que movilizan el interés de la ciudadanía. 

Quienes rechazan a los políticos no lo hacen por repudio a la política per se, sino al abuso y la simulación. Se rechaza a quienes promueven privilegios, a quienes disfrutan del dispendio y las diversas formas de corrupción. 

Y al mismo tiempo, desde la sociedad civil se exige por todos los medios que las autoridades escuchen propuestas, que se abran formas de colaboración en programas y servicios, que se apliquen las recomendaciones generadas desde observatorios ciudadanos y las diversas modalidades de la contraloría social. 

Todas las instituciones de Estado deben contar con mecanismos efectivos, ágiles y sustantivos —no decorativos— de participación de la ciudadanía. Así se podrán mejorar la salud, la educación, la seguridad pública el uso de los recursos en obras, programas y servicios, y los demás temas prioritarios para la gente.

Las formas de participación deben ser variadas y ágiles, y no se reducen sólo a la creación de consejos. Debe haber formas de consulta, deliberación, contraloría social, ejecución compartida y evaluación participativa.