Adolfo Abosaid/Cp
Desplazados de la comunidad de Benavil, del municipio de Tenejapa se manifestaron a las afueras de palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir a las autoridades que brinden ayuda, debido a que en estos momentos sobreviven en condiciones precarias en lo que respecta a salud y alimentación.
Sin embargo, Miguel López Girón, desplazado de la zona, denunció que se han cumplido seis años de la desaparición de su padre Alonso López Luna y los responsables de esta situación se encuentran en libertad.
Sobre el tema, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, precisa que son 21 personas las que se encuentran desplazadas; se trata de siete mujeres, cinco niñas, cinco niños y cuatro hombres, quienes están viviendo en San Cristóbal de Las Casas “en un ambiente de discriminación y sin acceso a una vida digna”.
El documento emitido por este centro defensor de los derechos humanos agrega: “en diversas ocasiones han realizado retornos provisionales y han sido hostigados por habitantes y autoridades de esa comunidad. Además de que sus tierras de cultivo, ubicadas en el Ejido San Rosa del municipio de Tenejapa, les fueron despojadas el día 25 de octubre de 2017”.
Respecto a la desaparición de López Luna, precisaron que se tienen que generar las medidas y protocolos para su búsqueda, pero también para hacer justicia sobre este caso y que los familiares tengan derecho a conocer qué es lo que pasó.
López Girón denunció que fueron despojados de sus tierras, les han talado árboles; por ello, pidió al gobierno a que atienda a las personas desplazadas de la comunidad, porque las agresiones cometidas no pueden ni deben quedar impunes.
Agregó que no es justo que otras personas estén disfrutando de tierras ajenas, pero también pidió que se aplique la Ley para los responsables de la desaparición de su padre.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas pidió a las autoridades a que cese el hostigamiento hacia las personas desplazadas, donde se ha señalado a las mismas autoridades ejidales y del propio municipio, sin embargo, son las autoridades estatales quienes deben responder por la reparación integral del daño ocasionado a las 21 personas.