Las leyes contra la discriminación en el país y organismos como el Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred) surgieron gracias al impulso de ciudadanos, señalaron activistas, legisladores, funcionarios y académicos.
La directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), María Angélica Luna Parra, recodó que en el 2000, Gilberto Rincón Gallardo unió a personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos discriminados.
A ellos, explicó, se sumaron académicas, legisladoras y organizaciones para conformar la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación.
En la mesa de reflexión «Incidencia en la participación de la sociedad civil en la política pública», Luna Parra recordó que ese fue el primer paso para construir la iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación promulgada en 2003.
En el acto de conmemoración de ese hecho, organizado por el Indesol y el Conapred, María Angélica Luna celebró la incidencia “que ha tenido la sociedad civil organizada en los últimos años en la transformación de la vida pública del país”.
Explicó que movimientos sociales han generado cambios legislativos, promovido la creación de instituciones y el diseño de políticas públicas, con base en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas y grupos en situaciones de desventaja y exclusión.
A su vez la jurista Patricia Olamendi Torres, consultora de la ONU Mujeres, dijo que la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación fue una contribución de México al mundo.
En su intervención Ricardo Bucio, presidente del Conapred, reconoció que la creación del organismo a su cargo fue posible porque la Comisión Ciudadana reunió una serie de luchas, trabajos de organizaciones civiles, colectivos y académicos, bajo la causa común contra la discriminación.
Señaló que persiste una enorme desigualdad en México y llamó a replantear los modelos económico, político y educativo, que han estado vigentes por siglos y que reproducen esta desigualdad.