A nueve meses de que se registrara un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León, que dejó un saldo de 18 internos muertos y 93 lesionados, la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria para determinar responsabilidades, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que detectó que hubo violaciones al trato digno por parte de servidores públicos.
Tras investigar lo sucedido los días 9 y 10 de octubre de 2017 en el Cereso de Cadereyta, cuando murieron 18 personas recluidas y 93 resultaron heridas, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos, a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno, atribuibles a servidores públicos de la entidad, por lo que emitió la recomendación 20/2018 dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y al fiscal General estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
Detectó que “la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida, 11 de ellas por disparos de arma de fuego, ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia”.
Informó que las condiciones en las que se encontraba el Cereso, en particular el autogobierno, propiciaron el motín de los internos, y destacó que “el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente”.