La candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil fue invalidada esta madrugada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), como consecuencia de su condena de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

Pese a ser favorito en las encuestas, el ex mandatario quedó prácticamente fuera de la carrera presidencial rumbo a los comicios de octubre próximo, y sus abogados buscan una última impugnación para mantener dicha posibilidad.

Con una votación de seis contra uno, los jueces del TSE decidieron impugnar la candidatura presentada por el Partido de los Trabajadores (PT), como pedían la Fiscalía General y 15 recursos presentados por partidos y asociaciones.

En una sesión maratónica que se inició a las 14:30 horas locales (16:30 GMT) y terminó pasada la medianoche, el TSE determinó que la ley brasileña impide ser candidato a alguien condenado en segunda instancia por un órgano colegiado.

El juez instructor del caso, Luis Roberto Barroso, también magistrado de la Corte Suprema, dijo que Lula da Silva es “inelegible” después de la condena que provocó su encarcelamiento el pasado 7 de abril en la ciudad de Curitiba.

“Yo nunca deseé ni pretendí estar aquí”, declaró Barroso, quien dio 10 días al PT para presentar un candidato sustituto, previsiblemente el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad.

La Ley de Ficha Limpia, que el propio Lula da Silva aprobó durante su segundo mandato (2007-2010), señala que un condenado por corrupción en segunda instancia por tribunal colegiado no puede ser candidato, ya que está inhabilitado por ocho años.

Los abogados defensores habían pedido que, con base en la Constitución, el ex mandatario mantuviera sus derechos políticos hasta que su caso fuera firme, es decir, que no hubiera más opción de recurso, lo que podría demorar meses.

“Esta decisión marcará la historia del derecho internacional brasileño”, expresó Maria Claudia Bucchianieri, una de las abogadas del expresidente.

También citaron una la decisión del 17 de agosto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que el organismo pidió a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión”.

Formado por expertos independientes, el Comité recomendó a Brasil que tomara “todas las medidas necesarias” para que Lula da Silva pudiera tener “acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político” como candidato a las elecciones de octubre de 2018.