La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “determinó la responsabilidad del Estado mexicano” en la ejecución del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, ocurrida el 20 de febrero de 1995 en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, a manos de militares, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Agregó que lo anterior está asentado en el informe anual 20161 de la CIDH, publicado el 27 de abril de 2017.
En un comunicado dado a conocer en rueda de prensa por su director, Pedro Faro Navarro, el organismo señaló que el 20 de febrero de 1995, la población de La Grandeza “recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17 Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea Arcoiris en el Agrupamiento Yabur, compuesta por 65 agentes militares que portaban armamento del alto poder, al tiempo que aviones del Ejército mexicano sobrevolaban la región”.
Añadió que la población, “conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianos se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas”.
Dijo que Jiménez Hernández, de 43 años de edad, “fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un rebozo en la espalda, el militar le disparó causándole la muerte”.