Como muchos otros, el conflicto agrario entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó, que ha cobrado la vida de al menos 20 personas, data de 40 años y fue originado por una resolución presidencial.
De acuerdo con datos oficiales, en 1978 se ejecutó la resolución presidencial correspondiente en favor de Santa Martha, con lo que se despojó de 60 hectáreas a Aldama, al que histórica y jurídicamente, corresponden esos terrenos.
Hasta antes de la 1998 en que Aldama se convirtió en municipio libre no hubo conflicto porque ambas localidades que colindan entre sí, pertenecían a Chenalhó, es decir, a la misma demarcación territorial.
Sin embargo, una vez que Aldama se independizó, sus pobladores reclamaron las tierras, con el argumento de que Santa Martha ya pertenecía a otro municipio (Chenalhó), lo que significa que en este caso, la remunicipalización fue un ingrediente para que estallara el diferendo que ha costado el derramamiento de mucha sangre.
En un intento por solucionar el conflicto, el gobierno de Juan Sabines Guerreo planteó y logró en 2009 la firma de un acuerdo de finiquito agrario, mediante la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA), lo que implicó la entrega de un millón 300 mil pesos a los pobladores de Santa Martha para que desistieran de su reclamo sobre las tierras y las entregaran a sus vecinos de Aldama.
Lo anterior significa, según las fuentes consultadas, que el caso quedó como cosa juzgada, producto de una sentencia oficial, por lo que se deduce que histórica y jurídicamente, las 60 hectáreas pertenecen a Aldama.
Durante cinco años no hubo problemas y los indígenas tzotziles de ambos lugares convivieron armónicamente, pero en mayo de 2014 resurgió el diferendo, luego de que los pobladores de Santa Martha pidieron a sus vecinos de Aldama que les permitiera tomar agua del manantial conocido como Chayomté, ubicado en las 60 hectáreas, ahora en discordia.
Con el argumento de que el agua no era suficiente para los dos poblados, los habitantes de Aldama negaron el permiso para compartirla, lo que detonó el problema.
A invitación de sus vecinos, las autoridades de Aldama acudieron a Santa Martha a informar las razones de su negativa para que tomaran agua del citado manantial.
Ello ocasionó que azuzados por algún dirigente, los pobladores de Santa Martha reanudaron su reclamo sobre las tierras, con el argumento de que valía más la resolución presidencial que la sentencia del TUA, promovido por la administración de Sabines Guerrero.
Ante la escalada de la tensión en la zona, las autoridades estatales propusieron la construcción de un tanque común en el manantial que abasteciera de agua a los dos poblados. Aldama aceptó, pero Santa Martha rechazó la propuesta y se posesionó de los terrenos, lo que provocó que desde hace dos años se desplazaran hacia la cabecera las 7 familias que habitaban en los terrenos, que compartían con otros comuneros que sólo llegaban a trabajar su parcela.