El derecho a postularse y ejercer un cargo representativo exige el cumplimiento de algunos requisitos básicos orientados generalmente a advertir la aptitud de quienes estarán al frente de responsabilidades públicas. La decisión sobre qué y cuáles requisitos deben pedirse no está exenta de polémica. A pesar de parecer lógico que quien quiera ser alcalde demuestre experiencia en administración, y que quien aspire a ser legislador esté versado en leyes, lo cierto es que nuestra legislación antepone el perfil político al técnico, haciendo a un lado las cualidades profesionales necesarias para un adecuado desempeño del encargo, enfatizando con el sentido de inclusión que requiere una sociedad tan disímbola como la nuestra.
Todos los candidatos que contenderán en las elecciones de 2018 deberán cumplir con elementales condiciones de elegibilidad, las cuales constatan la nacionalidad y ciudadanía, definen la edad para el desempeño del encargo, subrayan la pertenencia o vecindad con el ámbito geográfico que se aspira a representar, y excluyen a quien esté desempeñando algún otro cargo que sea incompatible con aquél por el que compite, a menos que se separe con antelación.
A pesar de que los precandidatos a la Presidencia de la República han polemizado recientemente sobre la necesidad de que quienes obtengan una candidatura se sometan a exámenes mentales y de conciencia, a pruebas físicas y toxicológicas, lo cierto es que nada obliga ahora mismo a comprobar el estado de salud, y mucho menos las cualidades éticas y profesionales de los candidatos. Pero es una asignatura pendiente en la que sin duda hay que avanzar.
No pensemos en regularlos a través de una legislación más restrictiva, lo cual sería excluyente, sino ocupémonos en valorarlos a lo largo de las campañas, previo al ejercicio democrático del voto. La baja calidad de los gobiernos que se encuentran en el ocaso de sus administraciones, y el deficiente desempeño de nuestros representantes populares obliga a repensar si estamos eligiendo a los más capaces para enfrentar los pequeños y grandes problemas nacionales, desde el reencarpetamiento de las vialidades municipales, la aprobación de las leyes y los presupuestos, hasta el abatimiento de la pobreza extrema.
Por ello, más que preocuparnos por los requisitos formales, hay que centrar la atención en las cualidades y el perfil de los aspirantes, escudriñando más a fondo en las condiciones de salud física, capacidad mental, instrucción profesional, bagaje ético y experiencia gubernamental de quienes disputen los cerca de 3 mil 400 cargos públicos en las elecciones, para que dicha información sirva de referente obligado para tomar una decisión consciente e informada a la hora de sufragar.
Durante décadas, la garantía del triunfo y la posterior exigencia de abrir espacios de gobierno y representación a la oposición, postergaron la conformación del perfil idóneo para cada uno de los puestos representativos. Hoy que el pluralismo ha enraizado, es el momento de tener en cuenta las cualidades que requiere cada responsabilidad en el ámbito administrativo y legislativo, y advertir qué candidatos las cumplen de mejor manera para proceder en consecuencia.
Avanzar hacia gobiernos que den mejores resultados implica revisar integralmente el espacio de actuación institucional en el que se desenvuelven, sus atribuciones y capacidades, pero supone, sobre todo, advertir tempranamente, desde el momento de las campañas, las características de quienes estarán al frente de ellos para poder identificar a aquellos que dentro de la multitud de aspirantes se hayan distinguido por su competencia, honorabilidad y eficacia, lo cual será un indicio para imaginar al menos la capacidad y probidad con la que podrían afrontar sus responsabilidades de verse favorecidos con el voto.