El Tribunal civil del Vaticano inició un proceso contra Angelo Caloia, expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR, conocido coloquialmente como la “banca papal”) por los delitos de peculado y auto-reciclaje.

En el aula central del edificio judicial vaticano, ubicado a pocos pasos de la residencia del papa Francisco, la Casa Santa Marta, tuvo lugar la primera audiencia de un juicio que tiene como un segundo imputado al abogado Gabriele Liuzzo.

Ambos son acusados de haber malbaratado el patrimonio inmobiliario del IOR y, por eso, se anunció la realización de una pericia sobre los inmuebles relacionados con la controversia.

De acuerdo a la acusación formal, estos dos personajes junto al fallecido exdirector general de instituto, Lelio Scaletti, entre 2001 y 2008 condujeron operaciones que habrían dejado un daño patrimonial a las arcas vaticanas de más de 57 millones de euros (unos 67 millones de dólares).

Además de la venta a bajo costo de las propiedades, a los imputados se les acusa de haber recibido retornos millonarios y haber utilizado ellos mismos esas ganancias, de ahí la acusación de auto-reciclaje.

En octubre de 2014, tanto a los dos imputados como a Scaletti, les fueron secuestrados 17 millones de euros (unos 20 millones de dólares), mientras a Liuzzo se le embargaron otros 10 millones (11.8 millones de dólares) depositados en una cuenta de un banco suizo.

La investigación inició como consecuencia de revisiones contables realizadas en la “banca vaticana” como parte de las reformas impulsadas por el papa Francisco.

En la primera audiencia, los abogados defensores de Liuzzo argumentaron que los inmuebles en cuestión estaban en pésimas condiciones, algunos con inquilinos ocupantes desde hacía años y que no podían ser vendidos individualmente sino como edificios completos.

Aunque en la audición estuvo presente Fabrizio Lemme, el abogado, Liuzzo (de 95 años) no se presentó y, por ello, fue declarado en contumacia.

Los defensores de Caloia presentaron una lista de 60 testigos, entre ellos cardenales del más alto rango, pero muchos de esos nombres fueron desechados “por su irrelevancia” porque los jueces pidieron que se reduzca el número de personas que deberán prestar testimonio. Aún así, no está descartado que algunos purpurados sean llamados a declarar.

Asimismo se acordó la realización de una pericia sobre los inmuebles que son parte de la controversia en la cual podrán participar dos peritos: uno nombrado por el tribunal y otro de oficio. El juicio proseguirá en las próximas semanas, según lo establezca el tribunal.