A propósito de las campañas electorales por la Presidencia de la República de 2018, mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre revisar, reformar o derogar la Reforma Educativa (RE) impulsada por el Pacto por México en 2013, conformado por PRI, PAN y PRD.
La RE se compone de modificaciones al Artículo Tercero de la Constitución y a la Ley General de Educación, así como de la creación de las leyes del Servicio Profesional Docente (SPD) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De esos cambios, la RE se materializa en acciones y proyectos como: concursos de ingreso al servicio de educación pública, evaluación de los aprendizajes, emisión de directrices para la mejora educativa, diseño de un nuevo modelo educativo, reforma a las escuelas Normales, programa de formación continua de docentes, autonomía de las escuelas, creación del Servicio de Asesoría Técnica Escolar (SATE), incremento de becas estudiantiles y mejoramiento de la infraestructura escolar.
A pesar de la diversidad de ámbitos que toca la RE, el debate en los medios se ha centrado casi exclusivamente en la evaluación del desempeño docente (EDD), obligatoria por ley y cuyos resultados se utilizan para asegurar la permanencia en la actividad docente, reconocer y estimular a los profesores con capacidades pedagógicas destacadas y para identificar áreas de formación de los docentes con resultados insuficientes. La EDD contempla tres componentes: el cumplimiento mínimo de responsabilidades; el dominio de competencias pedagógicas, y el dominio de conocimientos de la disciplina que imparten. Los docentes de inglés y de escuelas indígenas deben acreditar el dominio de la lengua que enseñan o en la que imparten clases.
Los resultados de quienes presentaron esta evaluación indican que 87% de los docentes cuentan con estas herramientas, lo que es un dato esperanzador para la educación del país. Sin embargo, considerando que en México hay 1.4 millones de maestros en la educación obligatoria, vemos que cerca de 182 mil no tienen las condiciones mínimas para ejercer su profesión. Si en promedio cada uno tiene a 30 estudiantes, la condición de insuficiencia educativa de los docentes impactará a cerca de 5.46 millones de escolares de la educación obligatoria.
La importancia de la EDD radica en que permite proteger a 5.46 millones de alumnos cuyos profesores se encuentran en una o en las dos condiciones siguientes: no cumplen con la normalidad mínima o carecen de las competencias profesionales que aseguren el aprendizaje de los estudiantes. Para los docentes en esas condiciones, la Ley del SPD prevé que tienen hasta tres años para corregirlas. Requieren, simplemente, cumplir con su contrato laboral y efectuar actividades de formación, capacitación o actualización, que el Estado tiene la obligación de ofertar y los docentes de realizar.
El diseño de la EDD ha tenido que mejorarse, por lo que el INEE replanteó algunos de sus componentes. También se han cometido errores en la implementación de las evaluaciones, los que se han venido corrigiendo gradualmente. Por ello, entre 70 y 80% de los profesores que recientemente presentaron alguna evaluación opina favorablemente sobre los nuevos contenidos y mecanismos de evaluación del SPD.
Si bien es cierto que la EDD requiere de continuo perfeccionamiento, para que los docentes consideren que es pertinente y justa, también es cierto que eliminarla implicaría desproteger a millones de alumnos que no tienen culpa de estudiar en ambientes escolares que les ofrecen pocas oportunidades de aprender, lo que impactará negativamente su futuro educativo y laboral.