El puente internacional Simón Bolívar, situado sobre el río Táchira, principal cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela, dejó de ser el paso de camiones cargados con mercancías, para convertirse en un centro de desesperanza, dolor, hambre y muerte.
Este paso fronterizo fue cerrado el pasado 22 de agosto por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, como reacción a un ataque a la Guardia Bolivariana por parte de una banda de contrabandistas que dejó dos uniformados muertos y otros tres heridos.
El puente internacional Simón Bolívar, símbolo de la integración binacional, fue dividido en dos partes por una reja de alambre de púas que fue colocada por la Guardia Bolivariana en toda la mitad de esta mole de cemento, con barandas amarillas.
Al lado venezolano está la Guardia Bolivariana, que tiene como misión esperar los autobuses o vehículos oficiales que llegan desde San Antonio o de cualquier otro lugar de Venezuela, con decenas de colombianos que son recibidos en su país por agentes de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, organismos de socorro y la oficina colombiana de Migración.
Ancianos, niños, adultos y jóvenes bajan con sus maletines, con la cabeza gacha, con la mirada perdida, con sus bebés en brazos, con abuelas en sillas de ruedas, dejando atrás toda una vida de dos, seis, 10 y 30 años de residencia en Venezuela.
Las deportaciones por el puente internacional Simón Bolívar están suspendidas desde el pasado fin de semana.
Desde entonces por este paso fronterizo llegan diariamente centenares de colombianos que huyen del vecino país por el temor de ser detenidos por la Guardia Bolivariana, y perder sus pertenencias e incluso hasta sus hijos.
Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la cifra puede estar por encima de las 10 mil y 12 mil personas, que han retornado por miedo a ser deportados por la Guardia Bolivariana.
O simplemente son ciudadanos que tomaron la decisión de abandonar Venezuela porque ya no es el “país que era” hace 30, 40 o 50 años atrás, cuando migraron miles de colombianos con la llamada bonanza petrolera de las décadas de 1960 y 1970.
Los retornados dejan atrás esa malla de alambre de púas, el rostro seco de los miembros de la Guardia Bolivariana, y se incorporan a la larga fila que hacen deportados y retornados en las oficinas del Gobierno de Colombia para poder tener derecho a los auxilios gubernamentales.
El Gobierno colombiano garantiza a través de estas entidades un subsidio de un arriendo por tres meses a cada familia, por un monto de 100 dólares aproximadamente, con opción de prorrogar por otros 90 días.
Reciben un paquete de aseo, mercado, subsidio de transporte para aquellas familias que buscan viajar a sus ciudades de origen, en el interior de Colombia.