El sector cultural ha gastado a través de sus unidades administrativas y de sus órganos desconcentrados como el INBA y el INAH, 214 millones 442 mil 146 pesos al año en fiestas para sus empleados como preposadas, regalos por el Día de las Madres como relojes, vajillas y DVD; festejos del Día del Padre, del Maestro y del Niño; gasolina, celular, renta de autos y estacionamiento para los empleados de áreas de mando; arrendamiento de inmuebles, desayunos y bocadillos, florería para eventos y oficinas, vales de despensa para premiar a empleados del mes, entre otros conceptos, que podrían considerarse superfluos.
Este monto equivale al presupuesto de una edición del Festival Cervantino, que en 2018 contó con 105 millones, e incluso para una edición de la FIL Guadalajara, que fue de 115 millones. Con esa cifra también se podría cubrir los presupuestos anuales juntos de la Compañía Nacional de Ópera, de alrededor de 48 millones; de la Nacional de Danza, que ha sido de 18 millones; de Radio Educación, previsto para este año de 76 millones; y del Instituto de Derechos de Autor, con 70 millones anuales.
En diciembre, ante el reclamo de la comunidad por el recorte al presupuesto cultural que propuso el Ejecutivo, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, acudió a un encuentro con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y aseguró que habría un ahorro en gastos “superfluos”. Y citó tres ejemplos: renta de coches, botellas de agua y arrendamiento de edificios (sin precisar cuáles).
Días después, Antonio Martínez, responsable de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, informó en su cuenta personal de Facebook que el contrato de botellas de agua con la marca E-pura costaba 600 mil pesos al año, con ese dinero, escribió, “se puede dotar de acervo a una biblioteca municipal”. Y dio a conocer que se destinaban “poco más de 30 millones” a los autos “de altos funcionarios”, dinero que podría usarse para “dar atención a la conservación y manejo de la zona arqueológica de Tula”.
El presupuesto se fijó en 12 mil 894 millones 90 mil pesos, que se deberán gastar en las unidades administrativas de la dependencia, así como en órganos desconcentrados como el INBA y el INAH, oficinas que a lo largo de los años ha gastado en conceptos superfluos, muchos de ellos asignados por “acuerdos sindicales”.
Se solicitó a Comunicación Social de la Secretaría de Cultura una relación de los gastos superfluos que ha detectado y cuáles son los que se dejarán de realizar. Además se cuestionó si los regalos, vales, incentivos y gastos por celebraciones para empleados sindicalizados están considerados dentro del gasto oneroso y si se omitirán. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
En el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) se han hecho públicos datos que permiten conocer algunos ejemplos de cómo se distribuye el gasto en el sector cultural. El Universal ofrece una aproximación del gasto anual en rubros que, en muchos casos, cuentan con contratos que se han celebran año con año desde hace poco más de dos sexenios.