El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reprobó enérgicamente las invasiones de tierras, porque “no son el camino para lograr una mayor inclusión social”.
“Concluido en nuestro país el reparto agrario, la política del gobernador Manuel Velasco en el tema se sustenta en un marco de inclusión, de respeto al Estado de Derecho, de sustentabilidad ambiental y de aplicación de los requerimientos de una política territorial y urbana, en coordinación con la Federación, fomentando el ejercicio del diálogo como herramienta de distensión, por encima de intereses de particulares”, explicó el funcionario.
Señaló que en los casos en que la presión sobre la tierra crece en razón de la dinámica poblacional, la respuesta del Gobierno del estado a las nuevas generaciones de chiapanecos ha sido ampliar y diversificar las opciones productivas, y resaltó los apoyos al campo, dirigidos a aumentar la producción y la productividad para elevar los ingresos de la gente y con ello crear más empleos dignos.
Insuficiencia territorial
Y afirmó: “si cada generación de chiapanecos exigiera nuevos terrenos, no alcanzaría nuestro territorio para cubrir sus peticiones”.
Actualmente “trabajamos de la mano con todas las instancias del gobierno para que la gente del campo pueda mejorar su condición de vida, de tal forma que no sean víctimas de engaños por quienes aprovechando su necesidad les ofrezcan de manera irresponsable soluciones de tierra en donde no la hay, causando afectaciones a terceros”.
Finalmente, el responsable de la política interna sostuvo que el Gobierno estatal se empeña en evitar las invasiones, “privilegiando el diálogo para encontrar soluciones, pero siempre aplicando la Ley con firmeza cuando es necesario”.
Contexto agrario
El reparto agrario en México concluyó hace casi un cuarto de siglo, con la modificación al artículo 27 constitucional y la promulgación de la Ley Agraria, en 1992.
Al derogarse los incisos X y XII del citado artículo, en donde se establecía el derecho a la solicitud de tierras, se dio por terminada la posibilidad de acceso a la tierra a nuevos solicitantes -vía la dotación- pero también a los ejidatarios que buscaban la ampliación de los ejidos ya existentes.
Así, México entró en una nueva etapa con respecto a la política agraria, en donde la prioridad fue lograr la seguridad en la tenencia de la tierra, para ello se creó, en 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que después de cumplir con sus objetivos, se transformó en el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), del Registro Agrario Nacional, que brinda asesoría legal y asistencia técnica a los núcleos agrarios en materia de seguridad jurídica y patrimonial, así como de certeza documental sobre las propiedades.