Ediles, “barbas a remojar”

Los presidentes municipales, principalmente, deberían “poner sus barbas a remojar”, después de haberse dado a conocer, hace dos días, la decisión inédita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de remover del cargo al jefe de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, el perredista Ismael Moreno Rivera por haber incumplido una sentencia en favor de cuatro ex empleados de esa demarcación. La acción legal también alcanzó a su antecesor Manuel Ballesteros quien hoy es diputado de la Asamblea de la Ciudad de México por el mismo partido.

Son los alcaldes, convertidos legalmente en patrones al ganar una elección, quienes más violan los derechos laborales de los trabajadores porque han convertido en “usos y costumbres suyos” remover a su antojo y sin justificación alguna a empleados para colocar en su lugar, en forma arbitraria, a sus amigos, familiares o simpatizantes de sus campañas políticas.

Echan a la calle al primero o primera que se encuentren. Está claro y es lógico, además, que no todos los burócratas son eficientes. Es más, muchos de ellos son irresponsables e incumplen con sus horarios de trabajo o son faltistas, haraganes.

Pero para eso está justamente la Ley Federal del Trabajo en cuyo articulado está claramente especificado el procedimiento administrativo para exigir que un empleado cumpla con sus obligaciones laborales y para que, en su caso, sea despedido.

Pero los alcaldes no hacen caso a las leyes y mucho menos toman en cuenta la antigüedad ni la capacidad intelectual ni productiva de un empleado. Los echan a la calle, sin más.

Los alcaldes simplemente quieren, anhelan disponer de los puestos laborales para entregárselos, felices y contentos, a sus incondicionales. Les importa un comino respetar los derechos de los demás.

Así, nos hemos enterado de muchos casos de expresidentes municipales chiapanecos y de muchos otros que están en funciones hoy, que han perdido laudos laborales y han incumplido en forma reiterada las órdenes de un Tribunal de que sean reinstalados en sus puestos o indemnizados conforme a la ley. Transcurren días, semanas, meses e incluso años, y no cumplen con ese ordenamiento.

Es más, sus cuentas bancarias han sido embargadas y lo único que hacen es crear otra cuenta para seguir depositando y operando sus presupuestos oficiales.

Evaden la acción de la ley. Pero el tiempo sigue transcurriendo y continúan violentando los derechos de los trabajadores beneficiados por los laudos.

Los afectados deberían recurrir a instancias superiores. Buscar la protección de la justicia federal, como el caso siguiente.

Hecho inédito esta semana

La decisión de la SCJN, tomada la presente semana, debería servir como escarmiento entre los funcionarios públicos del país que legalmente están constituidos en patrones, principalmente los ediles quienes tienen acumulado el mayor número de casos como ese.

Los medios dieron cuenta de un caso inédito en la capital del país, donde la SCJN ordenó la destitución y consignación del jefe de la delegación de Venustiano Carranza, el perredista Israel Moreno Rivera por incumplimiento de sentencia.

Esa misma decisión de la SCJN alcanzó al ex delegado de esa demarcación Manuel Ballesteros, quien hoy se desempeña como asambleísta del mismo partido, aunque en este caso un juez deberá determinar si es procedente su detención inmediata o se respeta su fuero.

Este caso se resolvió luego de tres años 10 meses. El máximo tribunal del país resolvió el juicio de inejecución de sentencia 296/2016 y concedió la protección de la justicia federal a cuatro empleados de la delegación Venustiano Carranza.

Los jefes delegacionales, Israel Moreno y Manuel Ballesteros, se negaron a entregar a los cuatro empleados agraviados: nombramientos de verificadores, se negaron a pagar salarios correspondientes a su actividad y a darles sus elementos necesarios para el desempeño de su encargo. Tampoco les dieron credenciales ni los demás documentos oficiales, se argumenta en la referida sentencia.

Esas autoridades perredistas se negaron a hacerlo en forma reiterada durante tres años y diez meses. La Corte ejerció su poder para hacer justicia con una decisión “inatacable”. O se cumple o se cumple.

La inejecución de sentencia tiene una pena que va de cinco a 10 años de prisión, aunque bajo el nuevo sistema el proceso se puede enfrentar en libertad.

La SCJN ya había ordenado la destitución de funcionarios o alcaldes en funciones en otras entidades, pero no había sucedido algo parecido en la Ciudad de México.

Y he mencionado sólo presidentes municipales porque son ellos quienes más laudos perdidos tienen registrados pero la misma sanción debería ser aplicada entre cualquier otro funcionario público de los demás órdenes de gobierno.

De boca en boca

Tuvo que intervenir en forma directa el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda en el conflicto registrado entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán. Sentó a los alcaldes de esos lugares Rosa Pérez Pérez y Martín Gómez Pérez. Les recordó que el diálogo es el mejor camino para encontrar soluciones entre las diferencias de los chiapanecos. Los conminó a resolver sus diferencias por la vía del diálogo y por la vía de las instituciones. No hay de otra. Y es que están disputándose 885 hectáreas de tierras desde hace más de cuatro décadas y la sentencia definitiva debe ser dada por el Tribunal Superior Agrario. En esa reunión de trabajo, Gómez Aranda estuvo acompañado por el delegado de la Procuraduría General de la República, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez; el Comandante de la XXXI Zona Militar, General Ernesto José Zapata Pérez;  el delegado del CISEN en la entidad, Juan Gabriel Sosa Pinto y la Fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado, María Susana Palacios García.

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