Los candidatos y el narco

Sólo de leer la información da escalofríos. Alrededor de mil candidatos a distintos puestos de elección popular han renunciado a su intención por participar en la contienda del 1 de julio próximo, por diversos motivos: presiones de grupos delincuenciales, el más frecuente y preocupante de todos ellos.

Sin embargo, es necesario aclarar que eso está sucediendo en territorios específicos y claramente identificados del interior del país. No es en todo México. Pero eso no puede dejar de preocuparnos.

No lo quieren decir públicamente, pero en corto confiesan que su decisión es básicamente por temor al crimen organizado o por haber recibido línea de sus partidos políticos para bajarse de la contienda. Sólo en pocos casos argumentan razones personales.

Cuesta trabajo creer que por razones personales abandonen una contienda de ese tipo cuando hemos constatado que los aspirantes hacen todo lo que esté a su alcance para lograr ser registrados como candidatos. Ha de ser por lo mismo: presiones externas.

Algunos amables lectores habrán de preguntarse sobre cuál es la real circunstancia de que grupos de narcotraficantes se sientan afectados como para presionar a tal o cual candidato desista de sus intenciones.

Resulta que algunas cosas que veíamos lejos de acontecer en nuestro país ya están sucediendo: que grupos de narcos ya tienen a sus gallos en municipios, distritos locales o distritos federales.

Y por supuesto que en cada una de esas demarcaciones hay candidatos de tales o cuales partidos políticos con reales posibilidades de ganar la elección y hacen sombra a postulantes de esos grupos ilegales.

Por tanto, presionan para que se quiten del camino y abran brecha a aquellos que una vez en el cargo van a facilitarles el trasiego de drogas en los territorios que correspondan.

Eso ya había sucedido en procesos electorales anteriores, pero en una forma más discreta y menos notable. Hoy, podemos ver que el tema está más abierto, más descarado. Los contendientes se han de retirar en forma temerosa y por miedo que pueda pasarles algo malo a ellos o a sus familias.

Las notas periodísticas de apenas ayer viernes han dado cuenta de que alrededor de mil candidatos a cargos públicos, tanto locales como federales, se han bajado de la actual contienda electoral por miedo al crimen organizado, obligados por sus partidos o debido a cuestiones personales.

A nivel federal los partidos han solicitado al INE la sustitución de 341 aspirantes suplentes y propietarios por tras haber presentado cartas “renuncias”.

Por otra parte, diversas autoridades estatales han reportado al menos 660 bajas en los procesos para elección de gobernantes municipales y legisladores locales.

El estado de Oaxaca ha registrado el mayor número de sustituciones de candidatos con 306 casos. El Estado de México está en segundo lugar con 225 aspirantes que han solicitado la anulación de su registro.

Ochenta casos hay en Chihuahua y con ello se ubica como el tercer lugar en ese caso.

El clima de inseguridad ha obligado a por lo menos 72 de ellos a renunciar a sus derechos políticos.

En Guerrero 24 candidatos han renunciado por temor a la violencia y se ha convertido en la entidad con el mayor número de políticos asesinados en el país.

Las cifras están así: han renunciado a sus intenciones por contender en los comicios del 1 de julio próximo 39 aspirantes a senadores de mayoría relativa y 18 de representación proporcional.

Han hecho lo mismo 186 para diputados federales de mayoría relativa y 98 plurinominales.

El resto está en candidaturas a miembros de ayuntamientos y a diputaciones locales.

Apenas ayer viernes nos enteramos del asesinato a balazos el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo El Alto, Guanajuato.

Éste es el escenario más preocupante que los mexicanos jamás habíamos visto en cuanto a la inclusión clara del narco en las campañas políticas y en sus decisiones sacar de la jugada a todo aquel político que no obedezca sus instrucciones. 

Esperada nota del TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en recientes horas que representantes de varios partidos políticos deben ratificar las alianzas que ya habían registrado en tiempo y en forma, con anterioridad.

Se trata del PRI, PVEM, Panal, Mover a Chiapas y Chiapas Unido que fueron registrados en la coalición Todos por Chiapas y del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En el primer caso el candidato registrado es Roberto Albores Gleason y en el segundo es José Antonio Aguilar Bodegas. Ambos fueron registrados en tiempo y forma ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

La explicación lógica y jurídica es que las campañas iniciadas el 29 de abril pasado deben continuar sin modificación alguna.

Otra agresión a maestros

Merece un amplio reconocimiento la inmensa mayoría de los maestros del país quienes han estado cumpliendo su labor de enseñanza con responsabilidad, ética y vocación de servicio.

Lamentablemente no puede decirse lo mismo de otros. Maestros radicales afiliados al Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) golpearon y privaron de la libertad a cuatro trabajadores de educación indígena, en pleno jueves diez de mayo, Día de las Madres, en San Cristóbal de las Casas.

Alguien grabó un video en el momento justo en que fueron agredidos los profesores a orillas de la calle y lo distribuyó en redes sociales.

Todo eso porque los profesores agredidos quieren trabajar dentro de las nuevas normas educativas y están actuando de acuerdo con sus ideales y su vocación de servicio. Nadie puede coartares su derecho a trabajar en el marco de las nuevas normas educativas.

Los otros, los agresores, quieren mantener los viejos vicios que han obstaculizado, durante mucho tiempo, el camino hacia una educación de calidad para niños y adolescentes de nuestro país.

alexmoguels@hotmail.com