¿Y así quieren ser maestros?

Las imágenes son realmente deprimentes y en todos aquellos que las ve han de generar, además, frustración y desconsuelo. Muestran destrucción y ruinas.

Esparcidos sobre el piso, a veces humeantes todavía, están los pedazos de escritorios, de sillas, de computadoras y de todos los demás instrumentos de una oficina.

Son las huellas de “presuntos estudiantes normalistas”. Aunque la regla periodística obliga a llamarles así hasta que no haya una confirmación oficial de que efectivamente se trata de ellos, todos sabemos que son exactamente ellos. Pero hay que respetar la regla.

Ahora, la víctima principal de esa destrucción fue el área del Servicio Profesional Docente, antes Carrera Magisterial, en oficinas de la Secretaría de Educación.

Se dice que la razón principal de esos vándalos es desaparecer evidencias contenidas en los archivos quemados, pero independientemente de lo que haya en el fondo de esa acción, la idea que han dado esos muchachos es la “irracionalidad” con que actúan.

Son seres negados a la inteligencia.

Prefieren la destrucción del primitivismo a la inteligencia de la razón.

La capacidad de entendimiento nos ha llevado a la evolución de la humanidad. La destrucción significa atraso y retroceso.

Las sociedades modernas tienen reglas precisamente para prevenir y evitar ese tipo de destrucciones materiales que sacan a flote la vileza y la infamia del ser humano.

Se trata de normas generales que fueron hechas y perfeccionadas en el tiempo que coadyuvan a una sana convivencia entre los núcleos poblacionales.

Son, nada más y nada menos, que las leyes y solo falta aplicarlas.

En segundo lugar y en forma muy importante también hay que evitar, al costo que sea, que esos muchachos reciban certificados de estudio para eventualmente ir a enseñar violencia a los alumnos.

En otras instituciones educativas, por mucho menos que eso, los alumnos son expulsados como una forma de castigo a su comportamiento violento.

¿Por qué no se ha hecho eso en estos casos?

Yo no sé si sus jefes regañaron a la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, por aquella afirmación de que la Escuela Normal Rural Mactumactzá tiene dos opciones: “o se transforma o desaparece”.

Tal vez esa sea una forma políticamente incorrecta de una funcionaria estatal de ese nivel, pero la verdad uno aconsejaría que debería tomar en serio esa propuesta.

Ya no es posible que los estudiantes normalistas tengan salvoconducto, pasaporte o permiso permanente para estar delinquiendo en forma impune.

Ya no es posible correr riesgos de que esos estudiantes vándalos terminen sus estudios y las mismas autoridades les extiendan, como si nada hubiera pasado, sus certificados de profesores para ir al salón de clases en enseñar sus primitivos modales y su conducta vandálica a sus alumnos.

Autoridades tienen que actuar y pronto, si es que va en serio una transformación social de fondo que debería incluir, principalmente, respeto a las leyes y al derecho de terceros.

Las Islas Marías

Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace bien la transformación de las Islas Marías, éstas podrían convertirse en un seductor centro turístico.

El morbo llevaría a mucha gente a pasar un fin de semana y a comprobar cómo son realmente esas islas que albergaron más de cien años, 114 exactamente, una simple cárcel en un principio y a una colonia de reos y sus familias, posteriormente.

A mí me parece un hecho extraordinario, y quizá a mucha gente también le parezca lo mismo, que esos lugares hayan significado mucho dolor y aflicción a tanta gente en forma directa y a sus familiares en forma indirecta, más de un siglo, y que ahora el actual gobierno vaya a cambiar su significado y sus hechos.

El significado pudiera entrañar el final de un concepto de opresión gubernamental en razón a que varios presos que fueron a parar ahí habían sido adversarios gubernamentales.

Y la transformación en la realidad significaría que habrá ahora otras cosas muy distintas a las que hubo antes.

En la mañana, en sus acostumbradas conferencias de prensa de los lunes, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto que da final al centro penitenciario de las Islas Marías y que dará pie a transformarlas en una reserva natural y un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente.

De acuerdo con Wikipedia, la Casa Penal Federal Islas Marías, situada en las Islas Marías frente a las costas de Nayarit ha sido un establecimiento penitenciario del Gobierno Federal de México, administrado a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad.

Ese centro penitenciario había sido creado el 12 de mayo de 1905, por decreto emitido por Porfirio Díaz, presidente de México, y fue destinada la Isla Madre a servir como colonia penitenciaria.

En un tiempo fueron enviados allí los peores criminales, posteriormente fueron los presos no afines al gobierno o que habían luchado en contra del estado.

Posteriormente el 30 de diciembre de 1939, un decreto de Lázaro Cárdenas autorizó que los prisioneros, llamados allí colonos, pudieran convivir con sus familias y dio inicio la selección de los reos que purgarían sentencia en el penal. Para seguridad de las familias no podían ingresar al penal delincuentes sexuales ni psicópatas.

Durante muchos años estuvo administrado por la Secretaría de Gobernación. Es decir, desde sus inicios en 1905 hasta 2012.

Cuenta, además, con un hospital, escuelas, un almacén, una biblioteca y un muelle, entre otros aspectos característicos de una prisión sin rejas.

Su población carcelaria ha fluctuado desde los 300 hasta los 3000 presos por diversos delitos.

Hoy hay alrededor de 600. De ellos, 200 van a ser liberados y 400 reubicados en cárceles mexicanas cercanas a sus lugares de origen.

alexmoguels@hotmail.com