Reflexión postelectoral
El árbitro electoral -IEPC- ya contó los votos en Chiapas. Contaron los votos emitidos el mismo domingo 19 de julio los funcionarios de casillas, alrededor de 35 mil chiapanecos seleccionados al azar y los representantes de partidos políticos quienes, con su sola presencia y firma de actas, avalaron los comicios.
Todos ellos estuvieron presentes al cerrar las casillas, debieron dejar asentadas las incidencias, registraron los votos emitidos por los ciudadanos, elaboraron las actas, todos firmaron esas actas y cada uno de ellos se llevó consigo una copia y en cada una de ellas está el mismo número de sufragios.
Al día siguiente, ya en manos de los candidatos, tenía que estar allí el mismo número de votos que había sido anotado un día antes. No había forma de modificarlos porque cualquiera de los doce representantes de partidos políticos se hubiera dado cuenta al momento y al momento lo hubiera denunciado.
No hay tales denuncias. No he visto a nadie denunciar, al amanecer del lunes 20 de julio, que las boletas habían sido alteradas. Los votos que estaban en las actas el domingo 19, ahí amanecieron anotados en los días siguientes y allí permanecerán hasta que años después sean destruidas por ordenanza de ley.
En síntesis, los representantes de todos los partidos validaron la organización esencial de las votaciones, desde el momento de abrir y hasta cerrar las casillas. Así dejaron constancia, con su firma estampada en los documentos.
Obligado por ley fue realizado un minucioso cómputo de actas y votos, por la diferencia de menos de uno por ciento de sufragios, entre los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez Francisco Rojas Toledo del PAN y Fernando Castellanos Cal y Mayor de la coalición PRI-Verde-Panal y Chiapas Unido.
El cómputo de actas de Tuxtla Gutiérrez fue más detallado y vigilado por representantes de partidos políticos que en otros distritos y municipios, porque en otras demarcaciones hubo amplias diferencias de sufragios entre uno y otro contendiente, que no dejaba dudas de quien había sido el ganador. No tenía caso entrar a los detalles y, conscientes de ello, nadie lo pidió entrar a los pormenores.
Los representantes de todos los partidos políticos -el más atento era el del PAN, desde luego- fueron testigos de ese recuento minucioso en la capital chiapaneca y, al terminar, debieron firmar el acta del cómputo final que dio ventaja por 795 votos a Castellanos Cal y Mayor. Esos representantes de partidos políticos avalaron con sus firmas el resultado de los comicios en Tuxtla Gutiérrez.
En todos los distritos y municipios ocurrió el mismo procedimiento. Los segundos lugares, hayan estado a decenas o a miles de votos de diferencia, tienen derecho a impugnar, ante los tribunales, los resultados dados por el árbitro local.
Pero no basta con sólo ir a los tribunales a impugnar una elección. Hay que comprobar, en forma fehaciente, las denuncias presentadas. El candidato denunciado también tiene oportunidad de defenderse y ha de exhibir, también por ley, pruebas a su favor.
Esas son instancias superiores y poseen otros procedimientos legales para resolver las impugnaciones presentadas por candidatos inconformes. Esos tribunales tienen como plazo para resolver los casos “hasta” -puede ser antes- un día antes de la toma de posesión de los nuevos funcionarios o representantes populares de que se trate.
Los presidentes municipales y diputados locales deberán tomar protesta del cargo el primer día de octubre. Por tanto, los magistrados tienen hasta el 30 de septiembre para emitir sus resoluciones, pero lo pueden hacer antes si así lo prefieren.
Las decisiones de los tribunales son inapelables. Es decir, constituyen la última palabra. Después de sus resoluciones, a trabajar todos. Después de eso, ningún pataleo importará.
A esa legalidad tienen que someterse todos los participantes de una contienda electoral. Lo demás es mediático. Lo demás es dejar correr y capitalizar los apasionamientos ciudadanos. Lo demás es incivilidad política. Lo demás es oportunismo político, como lo hecho por los representantes de Movimiento Ciudadano, del PRD y de Morena que están metiéndose en terrenos que no les corresponden. Sólo quieren reflectores o sacar raja política porque en la elección tuvieron una participación mediocre.
Esas expresiones callejeras sólo quieren exasperar aún más los apasionamientos de los simpatizantes del candidato perdedor. Lo saben los promotores de esas manifestaciones y sólo se aprovechan de las circunstancias, pero al mismo tiempo también se aprovechan de los apasionamientos de la gente. A los promotores de las marchas callejeras no les conviene hablar con la verdad.
Las elecciones fueron realizadas el domingo 19 de julio y los votos ya fueron contados posteriormente. Las constancias de mayoría de votos ya fueron entregadas a quienes obtuvieron más sufragios, y ya son autoridades o representantes populares electos. Así dice la ley.
Ahora sólo resta esperar lo que digan los tribunales. No hay más que hacer, ni en las calles ni en ninguna otra parte.
De boca en boca
Cinco partidos políticos están al borde del abismo en Chiapas. No alcanzaron el 3 por ciento exigido por la ley para conservar su registro y tampoco pueden obtener una diputación plurinominal, por las mismas razones. En esas circunstancias están el PT, Movimiento Ciudadano, Humanista, Encuentro Social y Panal. Ochenta y cuatro hombres y 36 mujeres fueron elegidos como alcaldes. Entre todos suman 120 y hay 122 municipios. Los dos faltantes, Belisario Domínguez, en Chimalapas, y Nicolás Ruiz, no pudieron realizar elecciones. El Congreso del Estado va a decidir su suerte. Si hay elecciones extraordinarias o es nombrado un consejo municipal en cada uno de ellos. Lo que convenga a la gobernabilidad, tal vez.
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