La clave está en el mensaje

El tema no es únicamente que haya sido detenida y llevada a la cárcel del Amate la exconsejera Margarita López Morales o de que también haya otras órdenes de aprehensión contra otros exconsejeros, la ex secretaria técnica, el ex secretario Ejecutivo y dos ejecutivos de la empresa DSI.

Es importante tomar en cuenta que ahora sí esa dependencia federal decidió integrar una averiguación previa, realizar todas las averiguaciones correspondientes, reunir suficientes pruebas, llevarlas ante un juez y éste, a su vez, girar las órdenes de aprehensión respectivas, detener a una de las imputadas y llevarla a una cárcel.

El tema es que hubo una exhibición mediática desde el momento en que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo públicas las irregularidades cometidas por los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que sirvió como árbitro en los comicios locales del 2015 en Chiapas.

El asunto es que se les otorgó el derecho de audiencia y de que las irregularidades fueron tan graves que el consejo general del INE decidió la destitución de todos ellos y sustituirlos por otros nuevos.

La clave está en descifrar el mensaje enviado por la PGR en la investigación de la Fepade contra todo el tema del fraude electoral cibernético.

La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) depende de la PGR. Ésta depende del gobierno federal y su titular no actúa por propia voluntad en un caso como el de Chiapas que de antemano se sabía iba a ser políticamente escandaloso.

Eso es indicativo de que hubo línea de altos vuelos para llegar a las últimas consecuencias en ese asunto como una forma de que los de hoy, en el IEPC, “pongan sus barbas a remojar” y sean imparciales en las elecciones estatales del próximo año. Que coloquen un dique para evitar el ingreso de manos ajenas.

Es una clara advertencia de que, ante la mínima sospecha de manipulación en el proceso venidero y con la ley en las manos, el INE va a atraer la organización de los comicios estatales a realizarse en esa fecha.

La detención de la exconsejera fue noticia por varias razones.

Fue noticia porque es el primer caso de fraude electoral cibernético a nivel nacional y fue precisamente en Chiapas.

Fue noticia porque la imputada, detenida en la mañana del reciente miércoles, estaba trabajado en el Poder Legislativo a pesar de que ya tenía el antecedente público y notorio de haber sido partícipe de un escandaloso fraude electoral en el voto de migrantes, principalmente, sin contar el de la inequidad de género, una anomalía corregida por esos consejeros al cuarto para las doce.

Es cierto, la primera detenida salió libre bajo fianza apenas nueve horas después de haber si aprehendida porque así lo permite la ley.

Es muy probable que eso mismo pase con los demás exconsejeros si es que están acusados del mismo delito. Pero, eso confirma que hay suficientes elementos probatorios de que sí hubo tal fraude. Es la revelación de marcada culpabilidad de su parte.

La Fepade confirmó ayer jueves que hay otras cuatro órdenes de aprehensión contra otros exconsejeros y otras dos contra dueños de la empresa DSI que procesó el voto electrónico desde el extranjero uno de los cuales es primo hermano del diputado ganador en los comicios referidos.

El titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, expresó que los delitos cometidos por los ex consejeros electorales de Chiapas alcanzan una pena de entre dos a siete años de cárcel pero no aclaró que son delitos no graves y los imputados pueden salir bajo fianza como ya ocurrió con la detenida del miércoles.

En una entrevista con Luis Cárdenas en la mañana de este jueves en un programa noticioso de la Ciudad de México, el funcionario federal recordó que mil doscientos registros de chiapanecos en el extranjero fueron hechos desde el interior del propio IEPC y “alguien” usurpó la identidad de 200 electores chiapanecos que se dieron de baja.

Recordó que desde un inicio llamó la atención de que los migrantes chiapanecos supuestamente radicados en el extranjero votaron sólo por dos partidos políticos.

Otros datos relevantes, apuntó, es que hubo votos de migrantes chiapanecos que llegaron al sistema electrónico del IEPC desde lugares, como Cabo Verde, Angola, Uganda, Bielorusia y Vietnam, entre otros, lugares tan lejanos de los continentes africano y asiático que nadie se hubiera imaginado quizá que hubiera chiapanecos viviendo allá o que, en su caso, esos chiapanecos estuvieran interesados en votar por un candidato a diputado que les era totalmente desconocido.

La dependencia de la PGR añadió que hay cuatro órdenes de aprehensión más contra otros exconsejeros y otras dos en contra de representantes de DSI Elecciones, la empresa que procesó el voto electrónico en el extranjero en esos mismos comicios y cuyo propietario era, al momento de los comicios, Vicente Manzur Salomón Molina, primo hermano del diputado ganador de esas elecciones Roberto Pardo Molina quien fue desaforado en diciembre del 2015 y está huyendo desde esa fecha.

Es el primer caso en que la Fiscalía de la PGR investiga un fraude electoral cibernético y que es consignado ante un juez federal. La Fepade también solicitó aprehensión de otros cuatro exconsejeros, entre ellos la ex secretaria técnica, el ex secretario ejecutivo y la presentación de los representantes legales de la empresa DSI.

Asimismo, entre los demás imputados figuran los exconsejeros Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, María del Carmen Girón López y Amable Mendoza de los Santos, ésta última era secretaria del Comité Técnico Especializado.

También se pidió detener a Carlos Enrique Domínguez Cordero y Carlos Alberto Díaz Hernández, apoderado legal de DSI Elecciones.

alexmoguels@hotmail.com