Sobre la Fiscalía General

El desempeño de Raciel López Salazar como procurador de justicia de los chiapanecos, durante los recientes años, ha sido de vital importancia para la tranquilidad de Chiapas, para que esta entidad siga figurando entre las más seguras del país y para que quienes habitamos estas tierras no estemos padeciendo la angustia constante de connacionales nuestros en otros estados del país causadas por los diarios enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. No debemos siquiera invocar el asunto.

Raciel ha sabido actuar en forma eficaz contra delincuentes que han intentado asentar sus reales en Chiapas. Tan pronto ha habido algún delito de alto impacto las investigaciones se han llevado hasta sus últimas consecuencias y los malosos se han apaciguado o se ha ido del estado.

Ha habido pocos hechos de esos. Los chiapanecos deberíamos estar agradecidos de que así sea por las circunstancias que sean. No debe importarnos tanto sobre quién guarda los méritos de que estemos respirando ese ambiente de calma.

Pero sería mezquino e injusto negar que parte de esos méritos provienen del trabajo del hasta ayer Procurador General de Justicia de Chiapas.

Sí hay hechos delictivos a cada rato. Eso no lo podemos negar. Pero asaltos callejeros, a tiendas de conveniencia o robos a casas habitación corresponden a delitos del fuero común que suceden en cualquier sociedad como la nuestra y ocurren por múltiples factores sociales, entre ellos la falta de empleo, la situación económica generalizada en el mundo de la que México no puede ser ajeno y por una sociedad carente de valores cívicos y morales, entre otros.

Dados esos resultados en materia de procuración de justicia en Chiapas, era de esperarse que Raciel fuera nombrado Fiscal General de Chiapas.

Así ocurrió ayer muy temprano. Luego de haber analizado las propuestas presentadas por los aspirantes, la Sexagésima Sexta Legislatura Local aprobó por unanimidad de votos la designación de Raciel López Salazar como Fiscal General de Chiapas al considerarlo poseedor del perfil idóneo para ocupar el encargo.

Eso ocurrió durante una sesión iniciada a las 8:25 horas de este martes 11 de abril de 2017 y allí mismo se le llamó, y el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo Eduardo Ramírez Aguilar le tomó la protesta de ley frente a los demás componentes del pleno legislativo.

Al haber visto la terna de aspirantes a ocupar esa encomienda, uno se pudo dar cuenta que el más apto para el cargo era precisamente López Salazar por la experiencia demostrada durante el tiempo que fue Procurador de Justicia del Estado.

Él es doctor en Derecho y es originario del municipio de Tonalá, Chiapas.

Al salir del salón de sesiones del Congreso del Estado, Raciel López Salazar expresó que no es sólo el cambio de nombre de la dependencia –de Procuraduría a Fiscalía General- sino que también habrá, dentro de sus principales funciones, una reestructuración normativa y operativa.

Dijo que seguirá privilegiando la coordinación con otras instituciones estatales y federales, pero principalmente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) para seguir manteniendo a Chiapas entre los primeros lugares de seguridad del país.

El cambio de nombre de la antigua Procuraduría General a Fiscalía General de Chiapas obedece a: homologación a la figura de Fiscalía General de la República y adecuación al Nuevo Sistema de Justicia Penal que ya funciona a nivel nacional.

Anteriormente el Procurador dependía técnica y administrativamente del Ejecutivo del Estado.

A partir de ahora, el Fiscal General tendrá que ser nombrado por el Congreso del Estado y la dependencia será un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Estrategia dilatoria

Todo parece indicar que las enfermeras en huelga de hambre frente al hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, o asesores suyos escondidos estaban urdiendo, hasta anoche, una estrategia dilatoria a efecto de mantener su movimiento y retrasar su solución.

El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ha estado atendiendo y dando seguimiento puntual a ese tema. Personalmente él ha estado en el lugar de los hechos y en la mesa de negociaciones. Y ha dado respuestas a sus demandas.

El propio funcionario ha declarado que durante los cuatro días que llevaba –hasta el lunes reciente- el proceso de diálogo han sido resueltas las tres peticiones originales: reinstalación inmediata en sus puestos de trabajo, abasto de medicamentos suficiente para el Hospital Regional y lo correspondiente a prestaciones laborales.

Una vez resueltas esas tres demandas iniciales, apareció otra petición que no había sido planteada al inicio de las negociaciones: la renuncia del Director y del Administrador del Hospital Regional en virtud de quejas en su contra.

En el ánimo de abonar a los acuerdos para que ellas levanten la huelga de hambre y no sigan poniendo en riesgo su salud, el Gobierno del estado aceptó dicho planteamiento.

Pero ahí apareció otra petición nueva. Ellas condicionaron nuevamente la mesa de diálogo a la destitución del titular de la Secretaría de Salud.

Pero eso, dice el gobierno estatal, no estaba en las demandas ni originales ni posteriores de las enfermeras que se mantienen en ayuno en el Hospital Regional.

El exdirigente de la sección 50 del Sindicato de Salud, Víctor Hugo Zavaleta, quien ha estado públicamente intentando repetir en ese cargo en años anteriores, ha estado metiendo sus narices en ese asunto y él ha de ser uno de los operadores de esas tácticas dilatorias.

Pero todo parece indicar también que pudiera haber otros actores políticos quienes, desde el anonimato, han estado colocando obstáculos para que no haya una solución rápida al problema referido.

alexmoguels@hotmail.com