Sobre las enfermeras

Los analistas profesionales tenemos que ser cautos, reflexivos y, sobre todo, emitir opiniones responsables al abordar el tema de la huelga de hambre de las enfermeras porque hay datos objetivos y comprobables que pintan muy bien cuál es la realidad de las cosas que rodean a la situación que ellas plantean.

El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ha estado muy al pendiente de ese tema. A través de él, el gobernador Manuel Velasco Coello ha encauzado los esfuerzos institucionales para tratar de resolver las principales peticiones de las enfermeras en ayuno frente al hospital Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte más reciente del Gobierno del estado sobre ese caso, es el siguiente y ya fue dado a conocer a los medios de comunicación hace unos días, sólo que aquí voy a reiterarlos en forma sintetizada como una forma de comprender más la situación:

Las autoridades competentes –SHE, SGG y FOVISSSTE- están cumpliendo los compromisos con los trabajadores del sector salud en los términos suscritos en la minuta del 12 de abril, entre representantes de las enfermeras inconformes y el Gobierno estatal.

Ya fueron reinstalados los 15 trabajadores de la Secretaría de Salud desde el 12 de abril pasado quienes ya están activos en nómina, con sus salarios al corriente y con todos sus derechos laborales a salvo.

La Secretaría de Salud estatal pagó, el pasado 2 de mayo, al FOVISSSTE las cuotas de los trabajadores que estaban pendientes hasta el mes de marzo reciente.

Había el reclamo de incumplimiento de pago a micro financieras y en ese caso la Secretaría de Hacienda del Estado regularizó la situación mediante un convenio firmado entre esa dependencia y 32 de las 37 empresas proveedoras de ese servicio.

En el caso de las aseguradoras, la situación está regularizada porque los trabajadores mantienen sus pólizas activas y en julio próximo ya podrán cobrar sus dividendos.

En el caso del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, en la minuta quedó establecido el acuerdo que los pagos por ese concepto van a ser realizados en un plazo no mayor a 18 meses con liquidaciones bimestrales hasta lograr la regularización total en ese plazo acordado.

Respecto del abasto de medicamentos, los representantes de las enfermeras en las mesas de negociaciones aceptaron, en la minuta firmada, que el abasto sea gradual en los 32 hospitales ya que están en curso procesos de licitación de algunas compras y algunas otras están en proceso de entrega. En muchos casos, hay que depender del cumplimiento de los proveedores de medicamentos.

Por otra parte, el Gobierno del estado pagó pasivos a trabajadores eventuales del Hospital Rafael Pascacio Gamboa desde que la Secretaría de Salud emitió los pagos correspondientes el 12 de abril reciente.

Los representantes del Gobierno del estado han lamentado, y con justa razón, que después de haber realizado esos cumplimientos de los acuerdos firmados con las enfermeras y después también de haber sostenido 15 reuniones con sus representantes ellas persistan en esa postura poniendo en riesgo su salud.

Después de haberse cumplido con esos compromisos lo deseable es que las enfermeras terminen con el ayuno, levanten el plantón que mantienen desde hace varios meses frente al hospital Rafael Pascasio Gamboa y desbloqueen la Novena Avenida Sur Oriente que tanto daño causa a automovilistas que necesitan transitar a diario por esa vialidad.

¿Y los responsables?

Ahora habría que ver cuáles son las autoridades, estatales y/o federales que supervisan y, en su caso, autorizan a autobuses como el Marco Polo que, al irse a un voladero de noventa metros de profundidad, ha matado hasta este momento a 17 personas y ha dejado heridas a treinta más, allá por los rumbos de Motozintla.

Oficialmente tienen registradas 17 personas muertas, 30 lesionadas y 4 supuestos desaparecidos. Las cifras no pueden ser exactas porque ni siquiera los pasajeros sabían a ciencia cierta cuántas personas viajaban en él.

Ahí empieza la irresponsabilidad de los dueños de la empresa Marco Polo y ahí vendrían a caer en irresponsabilidad las dependencias estatales y federales del transporte que autorizan el funcionamiento de esas empresas de transporte de pasaje.

¿Cómo es posible que la empresa no tuviera un registro de cuántas personas viajaban en un autobús contratado por terceros para trasladar a pasajeros de un lugar a otro?

Son 17 muertos, 30 heridos y cuatro desaparecidos. Se puede deducir fácilmente que el autobús transportaba por lo menos a 51 personas.

¿Ese autobús tenía capacidad para transportar a 51 personas sentadas cómodamente o iba con sobrecupo? ¿Estaba el conductor plenamente capacitado y apto para realizar su trabajo en ese día y en esas circunstancias? ¿Estaba el autobús en óptimas condiciones mecánicas para trasladar a tantas personas de un lugar a otro?

De boca en boca

El secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Moisés Grajales Monterrosa, desmintió en forma categórica que los agentes de esas corporaciones estén comprando con dinero de sus bolsillos llantas y/o refacciones de las patrullas que usan. Esa aclaración surgió debido a que eso ha estado difundiéndose en redes sociales en recientes fechas. Señaló que él ha dado instrucciones a efecto de que sea resguardada en las instalaciones de la corporación correspondiente cada patrulla que presente alguna falla mecánica o que requiera alguna refacción para circular y que se inicie de inmediato el trámite para los arreglos mecánicos necesarios. Grajales Monterrosa informó, además, que en estos momentos hay en curso una licitación para comprar llantas y que se espera que en breve todas las unidades cuenten con llantas nuevas para seguir brindando el servicio de seguridad a la población tuxtleca.

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