Los abusos en escuelas

Otro hecho bochornoso nos trae a la reflexión, por enésima vez. Un maestro presuntamente violó a niño de cinco años de edad en el kínder Fernando Castañón de Tuxtla Gutiérrez.

Muchas veces hemos sido testigos de hechos como esos en otros centros educativos chiapanecos y cada que se han hecho públicos, todos nos hemos extraviado en la polémica respecto de las medidas preventivas que debieran imponerse dentro de las escuelas para evitar se repitan casos como esos.

Las autoridades educativas han prometido que tomarán esas tan famosas medidas preventivas pero todo apunta a que eso ha quedado en pura demagogia, pura palabrería, pura simulación.

La prueba de que ha sido pura demagogia es contundente: siguen repitiéndose los abusos sexuales contra menores de edad, señal inequívoca de que nadie ha tratado de prevenirlos.

La lógica nos indica que esa tarea es de autoridades educativas. De nadie más.

Las Secretarías de Educación, la federal y la estatal, son las dependencias rectoras de la educación en cada uno de sus respectivos lugares. Son los patrones de los maestros en las aulas y de los directivos de todos los planteles. Por tanto, ellas deben establecer las medidas preventivas y obligar a que sean cumplidas a cabalidad.

Deben establecer protocolos a los que se deben sujetar, de manera obligada, los directores de los planteles y el resto del personal, incluidos los maestros desde luego, quienes deben convertirse en coadyuvantes constantes de la atención y el cuidado de los niños y adolescentes estudiantes dentro de los centros educativos.

Porque para que haya acoso o abuso sexual de profesores o de cualquier otro adulto hacia los menores, necesariamente tiene que haber un entorno previo del que tienen que darse cuenta los demás trabajadores de un plantel educativo quienes deben dar la voz de alerta.

Esos abusos han de ser cometidos necesariamente en la soledad y un instante de intimidad, no frente a todos los demás. ¿En qué momento un profesor u otra persona adulta se llevan a un menor de edad a un lugar apartado del salón de clases, sin que nadie más se dé cuenta?

¿Serán tan despistados o distraídos los demás maestros y el resto del personal de una escuela como para no percatarse de esas cosas?

Este nuevo hecho ocurrido en el kínder Fernando Castañón ya no debe llamar sólo a la reflexión de lo que se deben hacer para prevenir más sucesos como ese, sino que debe llevar a las autoridades educativas a una acción concreta.

De lo contrario, si seguimos enterándonos de vez en vez de más abusos sexuales contra menores de edad dentro de las escuelas, estaremos autorizados para acusarlos de negligencia y omisión.

Un alto a la anarquía

Debemos reconocer que el gobierno estatal ha decidido aplicar la ley contra quienes estén afectando los derechos de terceros.

Ya lo habían hecho desde hace varios meses, pero el caso más reciente fue garantizar el libre tránsito vehicular y de transeúntes en los alrededores de la Torre Chiapas, el martes pasado, donde un grupo minoritario de maestros de la sección 40, disidentes adheridos a la CNTE, estuvieron bloqueando bastante tiempo el Libramiento Norte y los accesos a dicho edificio donde trabaja personal de varias secretarías estatales, federales y municipales.

Fuentes de alto nivel me han informado que el gobierno estatal sigue utilizando el diálogo para tratar de resolver conflictos o problemas planteados por los distintos sectores sociales de Chiapas.

El diálogo va por delante. Operadores políticos explican primero cuáles son las rutas a seguir para actuar en forma civilizada. Después se les da un plazo perentorio para levantar sus bloqueos y, si no hacen caso a los llamados, hasta entonces el gobierno echa mano de los desalojos para garantizar el derecho de terceros. Eso ocurrió el martes reciente.

Ojalá que el gobierno estatal siga con esa misma estrategia para garantizar que miles de chiapanecos podamos transitar libremente por las calles de las ciudades y las carreteras de Chiapas, y desarrollar nuestras actividades cotidianas sin obstáculo alguno.

A los maestros de la CNTE y a los demás grupos sociales que bloquean calles y carreteras como única forma de su lucha social, les debe quedar bien claro que ya basta de estar fastidiando a terceros. Sus demandas y conflictos deben ser enfocados directamente y en forma civilizada contra la autoridad correspondiente, no contra los ciudadanos.

De boca en boca

El Fiscal General de Chiapas, Raciel López Salazar, está al tanto de todos los rubros que competen a la dependencia que él dirige que no sólo es atrapar a transgresores de la ley. Ha dado instrucciones a las áreas respectivas, por ejemplo, de realizar reuniones para atender la Alerta de Violencia de Género decretada por la Secretaría de Gobernación en siete municipios: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Tonalá y Villaflores. Y por la importancia del tema, agregaron a representantes de 16 municipios indígenas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancúc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. El objetivo final es la prevención*******El secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro, Velasco está decidido a no tolerar el funcionamiento de unidades “piratas”. En cumplimiento de sus instrucciones, supervisores de la Coordinación de Delegados del área metropolitana sigue con acciones contra el transporte irregular realizando patrullajes permanentes en Tuxtla Gutiérrez cuyo objetivo es detectar y detener cualquier unidad que esté prestando el servicio sin contar con los documentos para ello. Entre los logros recientes de esos operativos figura haber detenido y puesto a disposición del ministerio público a tres unidades “piratas” en TGZ.

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