La ejecución de Samir
PIM, Huexca, Hugo Eric
“Consulta” cuestionada
“Radicales”, ¿conservadores?
Horas antes de ser asesinado este miércoles a las puertas de su domicilio en Amilcingo, perteneciente al municipio morelense de Temoac, por ahí de las cinco de la mañana, Samir Flores Soberanes había confrontado al peculiar superdelegado estatal del obradorismo, Hugo Eric Flores Cervantes (presidente del conservador Partido Encuentro Social, que se alió con Morena en las elecciones federales de 2018 y, luego de perder el registro nacional por baja votación, pasó a ser superdelegado federal en Morelos; también fue defensor de los paramilitares que en diciembre de 1997 asesinaron a 45 indígenas en Acteal, Chiapas)./
Samir (indígena náhuatl, 36 años de edad, casado, padre de cuatro hijos) era delegado del Consejo Nacional Indígena, participante en la radio comunitaria de la región y, especialmente, activista destacado en la larga resistencia a la implantación del llamado Plan Integral Morelos (PIM), que implica la construcción de un gasoducto, un acueducto y una planta termoeléctrica en Huexca, en condiciones lesivas para el medio ambiente y la vida comunitaria, según los opositores./
El superdelegado Hugo Eric Flores había organizado, a nombre del gobierno federal (juez y parte), un foro en Jonacatepec para explicar el proyecto que es apoyado con enjundia por el presidente de la República. Daliri Oropeza y Al-Davi Olvera, reporteros del portal Pie de Página, escribieron: “Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl”./
Además, haciendo uso del micrófono, “denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores, que también estaban en el podio, y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros” (citas tomadas de “En esta lucha voy a dar la vida: Samir”, https://goo.gl/C5RLLw ; también es recomendable leer “El presidente y los activistas: crónica de un desencuentro en Cuautla”, del pasado 10 de febrero https://goo.gl/9uh3QQ y un artículo de Olvera en La Jornada, “La ruptura de Cuautla, se repite la historia” https://goo.gl/yGp4iC )./
La ejecución de Samir Flores Soberanes enrareció el ambiente político y social de la región, a tres días de que se realice una “consulta ciudadana” que no cumple con ningún requisito legal, cuestionada incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y anunciada por el presidente de la República para decidir si se construye o frena la termoeléctrica contra la cual el propio Andrés Manuel López Obrador se había manifestado en ocasión anterior, ante pobladores del lugar./
En particular, los opositores a la termoeléctrica y a la “consulta”, cuya realización exigen que se suspenda, consideran que el propio presidente de la República fue desproporcionado y ofensivo al calificar de “conservadores” a los opositores a esa obra, considerándolos parte de una “izquierda radical” que en momentos electorales ni siquiera había apoyado al tabasqueño./
La descompuesta intervención de López Obrador, quien aseguró que aunque hubiera “gritos y sombrerazos” se realizaría la “consulta”, ingresó a un torbellino de factores que pueden propiciar provocaciones y confrontaciones. No hay nada que permita apuntar a Palacio Nacional como referencia de acciones violentas contra opositores. Tampoco es válido que el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, su fiscalía (tan “autónoma” como tantas otras), haya emitido a toda velocidad una exculpación de lo político, para refugiarse en el moldeable recurso del “crimen organizado”./
Lo cierto es que resultan inaceptables tanto la convocatoria a una “consulta”, con el gobierno y su superdelegado como jueces y parte, como el desconocimiento de la legitimidad de luchas sociales contra proyectos económicos lesivos de la ecología y el interés comunitario./
La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, reportó (en una tercera entrega) que en la cuenta pública del penúltimo año de ejercicio del aparato gubernamental presidido por Enrique Peña Nieto hubo irregularidades, posiblemente constitutivas de un quebranto a la hacienda pública, por más de 68 mil millones de pesos./
Tales irregularidades no necesariamente significan actos de corrupción o delictivos. En teoría, todas esas incidencias pueden ser aclaradas por los responsables de esos ejercicios administrativos. Lo cierto es que año tras año se reportan “irregularidades” similares en el ejercicio gubernamental y poco es lo que finalmente se hace para recuperar lo perdido y castigar a los responsables. Escándalo periodístico de horas, o días a lo mucho, y la maquinaria de la corrupción institucionalizada sigue su fragorosa marcha./
La sensibilidad social y las condiciones políticas han cambiado, sin embargo, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. La cascada de “irregularidades” en 2017, un año antes del fatídico “año de Hidalgo” que en el caso peñista es de suponerse que habría sido escandaloso, no puede ni debe caer en el cajón de los olvidos, como usualmente ha sucedido. El saqueo de la riqueza pública no solo debe ser denunciado y probado, sino perseguido y castigado./
Es significativa, pero debe ir más allá de eso, la destitución de un juez federal a partir de la llegada del ministro Arturo Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, al mismo cargo rector del Consejo de la Judicatura Federal, órgano este que actuó contra Anuar González Hemadi, juez tercero de distrito en Veracruz que concedió un amparo a uno de los jóvenes involucrados en el episodio de agresión sexual a una jovencita, conocido popularmente como “Los Porkys de Costa de Oro”. Dicho juez ya estaba suspendido, en función de las acusaciones en su contra. ¡Hasta mañana!