Militares en activo
Durazo, administrativo
Jefes de Estado Mayor
Comienza a correr el reloj
El aparato mediático del obradorismo se aplicó ayer a destacar un rasgo del historial del primer comandante de la Guardia Nacional (militarizada, a juicio de este tecleador nada cuartelario): no tanto su preparación académica y su ruta de servicios (que incluye labores de inteligencia y comisiones en el extranjero) como el hecho de que está en proceso de retiro./
Una parte de la discusión pública se indujo hacia ese dato prejubilatorio del general brigadier Luis Rodríguez Bucio, en busca de disolver la drástica realidad de que el jefe de la Guardia Nacional será un militar en activo, lo cual contradice abiertamente el espíritu de unidad festiva que se vivió en el Senado de la República cuando por unanimidad de votos se definió el perfil de esa Guardia y de quien debería ser su comandante, creyentes los opositores y varios grupos de la sociedad civil de que habían triunfado al conseguir que el timón del nuevo cuerpo fuera civil./
Rodríguez Bucio es un militar en activo. Cierto es que está en proceso la aprobación de su solicitud de retiro, la cual podría estar en agosto próximo o tardar más, acaso hasta diciembre, para cumplir el año que en otros casos se lleva la tramitación de ese beneficio. En activo también estarán todos los mandos y efectivos del Ejército y la Marina que pasarán a integrar la nueva formulación del mismo aparato de combate militar al crimen organizado que inició Felipe Calderón, continuó Enrique Peña Nieto y ahora uniforma y etiqueta de otra manera Andrés Manuel López Obrador aunque, en realidad, en la esencia es lo mismo, con otro ropaje, denominación y discurso de justificación./
Ni siquiera se concedió en la oficina principal de Palacio Nacional el atenuante que podría haber significado la solicitud de licencia del jefe y los efectivos militares que integrarán la Guardia Nacional. Nada: Alfonso Durazo, secretario civil de seguridad y protección ciudadanas (él sí atenuado por el nuevo poder castrense) hizo saber ayer mismo que el gobierno federal no encuentra razón para que pidan licencia a las secretarías de la Defensa Nacional o la Marina quienes pasarán a la Guardia Nacional. Todos en activo, militares a plenitud, aunque el tema podría llevar a una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que los ministros de esta instancia parecen poco dispuestos a llevar la contra a la Silla Presidencial, preocupados como están más bien por defender sus parcelas personales de los apetitos controladores que provienen del citado Palacio Nacional./
La suerte militar, social, política y electoral está echada, pues. El presidente López Obrador tiene una Guardia Nacional (militarizada) a la medida de sus deseos y ha impuesto mandos conforme a sus planes. Habrá también una coordinación de operaciones institucionales que en los hechos diluirá cualquier intento serio del secretario Durazo u otras instancias civiles de decidir y controlar el curso de la nueva guerra contra el narcotráfico y contra otras formas del crimen organizado. En esa suerte de Junta de jefes de Estado Mayor participarán otro general, este de brigada y también en vías de retiro programado para agosto próximo, un contraalmirante y una representante de la Policía Federal./
Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, combina teoría con práctica, formación intelectual y expedientes de campo, con especial acento en las tareas de inteligencia militar y de combate al narcotráfico. Comienza a correr el reloj y el calendario para el gobierno de López Obrador en el tema candente de la seguridad pública y la protección de los ciudadanos. La nación demanda soluciones razonablemente paulatinas pero certeramente eficaces para ir desarmando el tinglado de corrupción, impunidad y complicidad en el que han participado políticos, servidores públicos, policías, fuerzas armadas y criminales explícitos. Ojalá esta Guardia Nacional, con estos mandos, signifique avances y no retrocesos o más pérdida de tiempo, recursos y esperanzas./
El arresto de Julian Assange en Londres es la coronación de una serie de presiones de Estados Unidos en busca de conseguir el castigo judicial y político del creador de la corriente internética de difusión de secretos de Estado del país imperial. Washington logró ir poniendo de su lado al gobierno ecuatoriano encabezado por Lenin Moreno, sucesor de Rafael Correa, durante cuyo mandato se concedió el asilo al perseguido político Assange. Moreno ha sostenido un proceso de alejamiento y traición de la corriente política cargada a la izquierda que había colocado en el mando nacional a Correa y luego, aparentemente en la misma línea, a Moreno./
El retiro de la condición de asilo a Assange, y el ingreso de la policía británica a la embajada ecuatoriana para aprehender a ese creador de Wikileaks, constituyen una página de vergüenza para el actual gobierno de Lenin Moreno y ha generado una oleada de solidaridad internacional a favor de quien pasó casi siete años en la legación sudamericana en la capital inglesa. Ahora vienen batallas judiciales para definir el orden y la cuantía de los castigos a Assange: en Reino Unido hay una acusación por haber roto su libertad condicionada y asilarse en la representación ecuatoriana; en Suecia hubo acusaciones por delitos sexuales que ya no están en proceso y al fondo, en Washington, la auténtica villanía: los poderes políticos y militares de Estados Unidos que buscan castigar toda forma de disidencia interna y de filtración de informes y secretos que develen la podredumbre de los sistemas políticos y sus principales personajes en todo el mundo./
Y, mientras han sido canceladas, por esta vez, las medidas de contención de la debacle ambiental en la Ciudad de México, aunque es obvio que el problema sigue y sus picos críticos continuarán, ¡hasta el próximo lunes, con los diputados federales aprobando los primeros términos de la reforma laboral mexicana que Estados Unidos exige!