Pocas veces se mencionan a Brasil y Guatemala juntos. El primero, es una potencia emergente en el escenario global, un país que ha sobresalido en sus logros económicos y con una presencia cada vez más visible a nivel internacional, mientras que el segundo es un país chico, extremadamente pobre y con poca capacidad institucional.
Sin embargo, en estos días, Brasil y Guatemala han puesto el ejemplo juntos, por ser países en que los fiscales han probado su independencia y capacidad frente a situaciones de corrupción e impunidad extremas, y en eso han hecho la diferencia frente a los demás países del continente.
En Brasil, un escándalo enorme en la paraestatal petrolera Petrobras, ha llevado a juicios a decenas de políticos de alto nivel y algunos empresarios involucrados en una red de corrupción que ha tocado a la administración de la presidenta Dilma Rouseff. Este escándalo sigue a otro durante el mandato de Luis Inácio Lula da Silva, varios años atrás, llamado Mensalao y en el que los fiscales brasileños inhabilitaron a cinco de los más cercanos colaboradores del presiente y a otros varios políticos.
La corrupción en Brasil sigue estando profundamente arraigada y ha sido parte del estira y afloja normal de la política brasileña, pero hay evidencias cada vez mayores de que los fiscales, que tienen bastante autonomía e independencia de los políticos, no temen en seguir los casos de corrupción. A corto plazo esto está generando muchas dificultades económicas y políticas, pero hay poca duda que a largo plazo estos esfuerzos serán vitales para reformar el sistema político y mejorar la economía del gigante país sudamericano.
Y ahora viene Guatemala, el pequeño vecino de México, que muestra la tenacidad de una fiscalía independiente capaz de destapar y perseguir una red de corrupción masiva que llega hasta las oficinas de la vicepresidenta y finalmente al presidente del país, que fue desaforado y luego renunció frente al embate legal. Con un descaro impresionante, esta red de corrupción, denominada La Línea, defraudó al tesoro del país cientos de millones de dólares de ingresos, necesarios para el bienestar de los ciudadanos, a cambio a mordidas para representantes públicos, incluyendo al propio presidente.
Históricamente Guatemala es uno de los países menos institucionalizados de las Américas, herencia de las cruentas guerras civiles y dictaduras largas que todavía dejan impronta en el funcionamiento de las instituciones públicas y las hace presas de poderes fácticos dentro y fuera del Estado. Pero aquí la comunidad internacional invirtió en un cuerpo independiente, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que logró coadyuvar a los esfuerzos de la fiscalía, que a su vez fue electa por el Congreso. Bajo las últimas dos fiscales (ambas mujeres), la fiscalía ha ido reforzando su capacidad e independencia, apoyándose en la CICIG, pero cada vez más probando su propia autonomía y fuerza frente a presiones externas.
Ahora, la situaciones de Guatemala, que tiene un presidente interino y una elección inminente este domingo, y Brasil, en el que la actual mandataria está severamente debilitada y la economía en picada, no son ideales, pero estos países están poniendo el ejemplo en cómo se enfrenta honesta y efectivamente la corrupción y la impunidad, creando instituciones fuertes e independientes en el sector judicial que puedan investigar y enjuiciar a los culpables, sean quienes sean, sin temor a represalias. Será interesante ver si otros países en las Américas siguen el ejemplo.
Vicepresidente ejecutivo del Centro Woodrow Wilson.