Coincide el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Las Fuerzas Armadas no pueden retirarse, por el momento, de las tareas de seguridad pública que llevan realizando, no los últimos dos sexenios, sino las últimas décadas. De no cambiar el estado de las cosas seguramente la o el presidente electo en 2024 también coincidirá con ellos. La razón la sabemos todos: no hay policías suficientes; y los que hay, la gran mayoría, no cuentan con estándares de profesionalización, certificación ni equipamiento que pueda hacer frente a las condiciones actuales de emergencia en la que está gran parte del país. En ese diagnóstico coincidimos, creo, casi todos.
Sin embargo, es aquí en donde empieza el círculo vicioso en el que se pierde la capacidad de implementar una estrategia que vaya más allá de la emergencia. Por una parte, reconocemos que no hay policías —ni suficientes, ni preparados—, lo que nos lleva a recurrir a las Fuerzas Armadas, pero no nos ocupamos de construir a esas policías que puedan, en un mediano plazo, hacerse cargo de la seguridad pública del país. Todo se simplifica: no hay policías, entonces mantenemos militares. Una vez más, se trata el síntoma, la consecuencia del problema, no sus causas. No hay acaso mayor muestra de esta claudicación que la Ley de Seguridad Interior. De hecho, una primera acción que demostraría que este gobierno no está abordando el problema de la misma manera que sus predecesores, sería precisamente la abrogación de la misma y un plan de retiro responsable de las Fuerzas Armadas. Un plan con metas e indicadores concretos, no únicamente la promesa de que para 2024 habrán salido por completo.
En el tema de las Policías, sí, hemos escuchado de parte del equipo de transición que habrá un programa de capacitación y profesionalización. ¿Es eso suficiente? ¿En dónde queda el modelo de policía que el país requiere? ¿En dónde está el modelo de reclutamiento, los mecanismos para garantizar que exista una verdadera carrera policial, los controles internos y externos, la evaluación y la rendición de cuentas? ¿En dónde queda el plan presupuestal que acompañe todo esto? En 2018, la Policía Federal reportó tener un estado de fuerza de cerca de 37 mil elementos; para este mismo año tuvo un presupuesto asignado de 29 mil millones de pesos. Es decir, haciendo un cálculo, tal vez simplista, pero que nos puede dar una idea del tamaño de la inversión que se requiere, cada policía federal cuesta 783 mil pesos al año. ¿Para cuantos nuevos policías habrá presupuesto? Y, más allá de las Policías, ¿en dónde está la propuesta de reforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública que a todas luces no funciona? ¿Cuál es el plan de desarrollo institucional para dejar de enfocarse únicamente en la emergencia?
¿Y quiénes se encargarán de pensar, diseñar e implementar todo esto? En la reunión que sostuvieron esta semana el actual secretario de gobernación, Alfonso Navarrete, con el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pudimos ver a más integrantes de su equipo. Además de Alejandro Gertz Manero estaban Leonel Cota Montaño (ex gobernador de Baja California Sur y ex presidente del PRD) y Francisco Garduño (ex secretario de transporte y vialidad de la CDMX). ¿Tienen realmente el perfil de especialistas con conocimiento técnico que el sector requiere?
Ojalá que el próximo gobierno empiece a plantearse respuestas a estas preguntas. Que se tomen decisiones con base en evidencia, sin ocurrencias del momento y sin simulaciones. El gran reto que tienen enfrente está en salir del círculo vicioso. El encontrar los caminos para construir instituciones y atender la emergencia al mismo tiempo.
Twitter: @MaElenaMorera
Presienta de Causa en Común.