Fracaso militar, en capacitación policiaca nacional
La participación de generales, coroneles y otros rangos militares en retiro y con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional y de su comandante supremo, el presidente de la República, en los mandos de las policías estatales y municipales, no ha sido garantía para la capacitación de estas Corporaciones civiles en la mayoría de los estados que conforman la República Mexicana.
Un fracaso de elementos importantes de la milicia en tareas ajenas para las que fueron formados, que sería evidenciado en 2006, al ordenar el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la salida de las fuerzas Armadas de sus cuarteles, para llevar a cabo las tareas de combate al crimen organizado, en sustitución de las autoridades policiacas de los estados y municipios en todo el país.
Injerencia de la milicia en tareas policiales que ha existido desde siempre, haciéndose más sobresaliente en las décadas y años recientes, al incrementarse los índices de violencia por el incremento de una delincuencia organizada que cada vez más se enfrenta por disputas de dominio territorial, al intensificarse los controles en la frontera norte, colindante con la Unión Americana.
El Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, elaborado por la Secretaría de Gobernación hasta el 31 de octubre de 2017, dado a conocer el martes 26 de diciembre, confirma oficialmente lo que la sociedad nacional permanentemente ha subrayado: la policía mexicana es escasa y poco confiable.
Reporte elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Segob, en el que advierte que México cuenta con menos de la mitad de agentes que el país requiere, además de que los que desarrollan esta tarea, tienen un perfil no idóneo, de tal forma que solo uno de cada cuatro tiene una formación para realizar las tareas de seguridad y se desempeñan con salarios bajos que les hacen ser fácil presa de las organizaciones delictivas.
Aun con la presencia militar vestida de civil en las cabezas de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, de donde provienen los informes solicitados por el SESNSP, de los 128.922 policías estatales que se encuentran en activo, 8.921 ni siquiera deberían seguir operando, se advierte, pues han reprobado el control de confianza.
El documento entregado a los miembros de la Confederación Nacional de Gobernadores, asevera que en estos momentos, el país cuenta no sólo con pocos policías, sino que además muchos no han conseguido el nivel mínimo: apenas uno de cada tres obtendría el aval necesario para ejercer, el Certificado Único Policial (CUP), que entró en vigor en septiembre de 2016, con metas a alcanzar en 2019, que ante los primeros resultados, parece difícil.
Creación de Academias encargadas de avanzar en ese sentido, que actualmente se encuentran también en condiciones pésimas. El estudio señala que aunque el país cuenta con 39 de ellas -poco más de una por entidad-, únicamente seis son realmente viables: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora.
Concentración de información oficial de los gobiernos estatales, que permiten concluir que la gran mayoría carece de las instalaciones básicas, como son las aulas de trabajo, computadoras, comedores, dormitorios suficientes para los alumnos, servicio médico o incluso áreas de entrenamiento y stand de tiro.
Preocupación en la autoridad civil federal de que, sobre todo, lo que es prácticamente inexistente es la capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que solamente 12 centros cuentan con el equipamiento necesario.
Este último rubro, precisa la evaluación, se hace más evidente si se observa la cantidad mínima de agentes formados en los protocolos básicos del quehacer policiaco. Sólo el 20% del cuerpo policial posee las nociones necesarias sobre lo que hay que hacer en los casos de atención a víctimas, uso legítimo de la fuerza, violencia de género e incluso sobre la cadena de custodia, una de las grietas fundamentales en muchas de las investigaciones del país.
Se reconoce que a la falta de capacitación, se suman las condiciones laborales precarias de los agentes. Los policías estatales del país del rango más bajo deberían percibir por lo menos un salario ya bastante ajustado de 9.933 pesos mensuales -unos 500 dólares, 16 al día-, y recibir las prestaciones básicas.
Esto no ocurre en casi la mitad de entidades, cuyos agentes cobran menos del sueldo mínimo y carecen de beneficios como seguro de vida, servicio médico, crédito para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, apoyo para familias de policías caídos y becas escolares para sus hijos.
Revela el documento de la Secretaría de Gobernación, que los policías con el salario más bajo son los de Chiapas, que ganan apenas 5.391 pesos al mes (unos 270 dólares), seguidos de los de Tabasco, con un sueldo de 6.175 pesos (300 dólares), y los de Hidalgo, que cobran 6.617 pesos (330 dólares). Los sueldos más elevados se encuentran en Sonora, una de las entidades más peligrosas para ejercer la profesión, donde ganan alrededor de 13.700 pesos mensuales (unos 680 dólares).
En cuanto al estado de fuerza real operativo a nivel nacional de las Policías Estatales Preventivas, es de 120 mil un elementos, al ser reprobados ocho mil 921 agentes, en la evaluación de control de confianza para ejercer la función de seguridad pública, registrando al 31 de enero de 2017, un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes.
Diagnóstico que demuestra el desinterés de los gobiernos del Pacto Federal y del Gobierno de la República, por reforzar las acciones civiles de seguridad en el territorio nacional, donde hoy la Secretaría de Gobernación reconoce que se requieren formar con urgencia, ante la grave problemática de violencia que se enfrenta, a 115 mil 943 nuevos elementos, para estar en posibilidad de alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, que conformarían casi 236 mil agentes.
Una meta a alcanzar en teoría a cinco años, que de cumplirse, aún así estaría por debajo de las encuestas llevadas a cabo en 2006, entre los países asociados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que indicaron que reportaba que por cada mil habitantes la fuerza internacional era de 2.8 policías.
Documento que precisa también al 31 de octubre de 2017, que de las 39 Academias o Institutos de Formación Policial, coordinadas por militares en el retiro, sólo seis cumplen con los 12 rubros mínimos (Baja California, Chihuahua, Hidalgo, estado de México, Puebla y Sonora), con capacidad de alojamiento-pernocta de 12 mil 187 cadetes, que podrían egresar 24 mil 374 nuevos policías anualmente, considerando el programa del perfil de rango preventivo de seis meses.
No obstante, la falta de precisión de la información concentrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el sentido optimista de la autoridad federal le hace afirmar que “Para egresar a los 115,943 nuevos elementos que se requieren para completar el estado de fuerza idóneo, serían necesarios 4.7 años con las capacidades actuales.
Un dato que ejemplifica la superficialidad en el trato de este tema tan delicado para la seguridad, es el que manifiesta el gobierno de Zacatecas que reportaría contar con dormitorios para cadetes, pero no refirió capacidad.
Chiapas no informa con precisión, de tal manera que no está considerada dentro de las entidades que cumplen con los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, mientras que Yucatán no cuenta con comedor, como tampoco con aulas de cómputo, sala de juicios orales, al igual que Durango, Guanajuato, Nayarit y Tlaxcala.
Y aunque parezca increíble, la “Academia” de Nayarit carece de un stand de tiro, en tanto la de Colima, Nayarit y Tamaulipas, no tienen cocina. Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, sin dormitorios para cadetes.
Sin salas de equipo audiovisual: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí y Tlaxcala. Adolecen de servicios médicos, Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas.
Chiapas tampoco tiene área de entrenamiento, junto con Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas
Igualmente, la “Academia” de Chiapas carece de pistas de prueba física y vehicular, al igual que Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas
Una situación que en buen número de estados del país demuestra qué tanto ha interesado la formación policial, que al darse de manera irregular, ha dado espacios para una mayor intervención militar en las actividades inherentes de las fuerzas policiacas civiles.
Por otra parte, la recomendación de la Secretaría de Gobernación a los gobernadores, de hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo, las mejoras y prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación.
Planteamiento concreto de la homologación al salario promedio nacional de referencia; acceso a créditos para vivienda; seguro de vida; servicio médico; fondo de ahorro para el retiro de los policías; acceso a apoyos para familias de policías caídos en cumplimiento del deber; becas escolares para hijos de policías Estándar y salario igual o mayor a nueve mil 933 pesos.
Todo ello, derivado del status nacional al 31 de octubre último, en el que 19 únicamente entidades pagan salarios por arriba del promedio de referencia, pero ninguna otorga las seis prestaciones
básicas al 100 por ciento.
Mucha información oficial, que da idea del gran fracaso de un plan nacional que no ha logrado las metas programadas, dentro de una estrategia en la que los militares han estado detrás de la creación de nuevos y mejores policías, que no son posibles por la falta de coordinación y disciplina entre las Academias de Formación Policial, creadas ex profeso.
Un informe que se daría en el final de 2017, para evidenciar la incapacidad de la autoridad civil en la responsabilidad de la seguridad vulnerada por el crimen organizado, que de acuerdo con la nueva Ley de Seguridad Interior, que faculta a las Fuerzas Armadas sustituirlas para la aplicación de la ley, solamente espera el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia que analiza su constitucionalidad, para formalizar la salida de los militares de los cuarteles.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.